La abogada de Codehupy Julia Cabello, especialista en derecho internacional y de pueblos indígenas, y al abogado Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Codehupy, se reunieron ayer con el presidente del JEM, Jorge Luis Bogarín Alfonso, para hablar del tema.
El caso. En el año 2015, la citada jueza falló contra el colono brasileño y a favor de los indígenas, en el marco de un juicio promovido por la comunidad indígena Paso Cadena de Itakyry, con el objetivo de anular un contrato de “aparcería” que firmó el colono brasileño con el entonces líder de la comunidad, a pesar de que la Constitución en su artículo 64 establece claramente que la propiedad comunitaria de un pueblo indígena está fuera del comercio.
“En el fondo, son contratos simulados de arrendamiento, que además se dan sin requisitos que puedan ser tomados como consentimiento libre por las condiciones de asimetría entre las partes”, señala la Codehupy en su informe.
El escrito remitido a la ONU recoge también un diagnóstico socio jurídico elaborado por el abogado y antropólogo Rodrigo Villagra Carrón, quien recuerda que el alquiler de tierras indígenas es ilegal, y por ende los contratos son nulos, y que estos casos terminan generalmente en forma violenta hacia los indígenas cuando surgen desacuerdos en la relación.