Hace tiempo, en ambas cámaras —aunque mucho más en la de Diputados que en la de Senadores— hubo personajes peculiares que provocaban irritación por su deshonestidad, su personalidad violenta o su manifiesta incapacidad intelectual. Hubo parlamentarios que buscaban atraer la atención con vestimentas extravagantes o desnudándose en el plenario; hemos asistido a grescas y griteríos histéricos; fuimos testigos de felonías y traiciones increíbles; los vimos drogados, en estado de ebriedad y exhibiendo armas de fuego; nos acostumbraron a los abusos de poder y privilegios desmedidos.
Nadie recuerda cuándo fue la primera vez que la Cámara Baja fue denominada como la “Cámara de la Vergüenza” o los señores senadores apodados “senarratas”. Hay cientos de artículos de prensa sobre esta conducta. Pero casi siempre eran casos individuales o, en todo caso, de una minoría que, solo en ocasiones, lograba conformar una gavilla numerosa.
Ahora es distinto. Nunca antes tantos legisladores adoptaron un comportamiento inmoral al mismo tiempo y en tantos temas. En el lapso de pocas semanas y con desparpajo sorprendente, armaron, con dinero del pueblo, un viaje de placer a los Estados Unidos, con paseos en yate y robustos viáticos, y se asignaron cupos de combustible por valor de cinco millones de guaraníes mensuales. Gozan de una indefendible jubilación vip con poquísimos años de aporte e intentaron recuperar el seguro médico privado que tenían antes de la pandemia.
Casi todos los días se descubre un nuevo caso de nepotismo disfrazado de “cargo de confianza”, con lo cual han superpoblado el Poder Legislativo de funcionarios, cuyo único mérito es ser pariente, chongo/a u operador político de un parlamentario. Por eso, el Congreso Nacional alberga a 4.203 asalariados que nos cuestan casi cinco millones de dólares por mes. Los excluirán de la mutilada “Ley del Servicio Civil”, con lo cual dejarán abiertas las puertas para el derroche.
Los legisladores de este periodo son, con las excepciones de rigor, mucho peores que los del anterior quienes, a su vez, eran peores que los que le precedieron. Y así, de mal en peor, podemos retroceder hasta 1989. Es uno de los fenómenos más llamativos de estos 35 años posdictadura. Se suponía que, a medida que avanzara la transición democrática, debería mejorar la calidad del debate y la representación política. Sin embargo, al contemplar la legión de ignorantes e inescrupulosos que ocupan bancas parlamentarias, uno tiende a darles la razón a quienes sostienen que el Paraguay es el cementerio de todas las teorías políticas.
Se han ensayado diversas explicaciones para este misterio. Hay quienes cargan las tintas sobre el sistema electoral, en particular por la adopción del voto directo en los inicios de la década de los noventa y del voto preferencial, muy recientemente. Otros atribuyen el retroceso al fracaso de los partidos políticos, a la estructura educativa o al clientelismo electoral propiciado por un creciente financiamiento político mafioso.
En el fondo de cualquiera de estas opciones, subyace una matriz social y cultural que cuesta reconocer: una sociedad permisiva que otorga su voto a quienes, una vez electos, se mofarán de ella. Flota una unanimidad sobre el ambiente político paraguayo: este es el peor Parlamento de nuestra historia. Como no me creo obligado a ser optimista, repito aquí lo que contesté cuando un periodista radial me preguntó mi opinión sobre esa afirmación: “Por ahora. No hay que descartar que el próximo sea peor”.
