La normativa europea, con la que se busca evitar que materias primas como la carne, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho y sus derivados consumidos en la UE hayan generado deforestación después de 2022, por el momento prevé entrar en vigencia a finales de diciembre de 2024.
Según sostuvo la Comisión, el pedido se da como respuesta a las solicitudes de los socios globales del bloque europeo, tras las intensas presiones que se generaron por parte de gremios productivos, industrias, partidos políticos y países como Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, EEUU, entre otros.
Aclara que la petición debe aún ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, con lo que la ley sería aplicable el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las micro y pequeñas empresas.
“Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un periodo de introducción gradual para garantizar una implementación adecuada y efectiva. (…) Además, el estado de los preparativos entre las partes interesadas en Europa también es desigual”, añade.
La Comisión también presentó un marco estratégico para la cooperación internacional en relación con el Reglamento 1115, identificando cinco áreas de acción prioritarias, como el apoyo a los pequeños agricultores, ocho principios claves, con enfoques centrados en derechos humanos, y varias herramientas de implementación.
“La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar la propuesta para un periodo de aplicación ampliado antes de finales de año”, instó.
Reacciones. Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), uno de los gremios locales que más se opuso a la pronta implementación, señaló a ÚH que “tenían razón en cuestionar desde el principio”, debido a que es de cumplimiento casi imposible.
Se mostró esperanzado con la postergación, ya que afirmó que si la Comisión lo propone “es muy probable que sí se postergue”.
Mientras tanto, varias organizaciones ambientalistas de otros países criticaron la propuesta. Uno de los primeros en reaccionar fue el ex comisario europeo de Medioambiente Virginijus Sinkevicius, en cuyo mandato se redactó y aprobó la legislación, y quien visitó Paraguay en marzo pasado.
