Solo que las metas del garrote no eran tan ambiciosas. Fue un órgano creado por el cartismo solo para perseguir a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a ciertos medios de prensa. Si lo que querían era probar que algunas ONG reciben dinero del exterior para financiar campañas políticas y “ensobrar” a periodistas, podrían haberlo hecho mejor. El método que utilizaron fue muy guarará.
Empezando por la falta de claridad del proyecto de creación de la comisión, que no especificaba qué hechos se investigarían, como lo exige la Constitución Nacional. No figura ningún opositor entre sus seis integrantes. Es decir, están el senador Dionisio Amarilla y el diputado Jatar Fernández, pero sería absurdo considerarlos opositores. Son más cartistas que Bachi. Prueba de ello es que no hubo problemas en ofrecerle la presidencia al confiable Amarilla, quien aceptó complacido. Había llegado su hora más gloriosa, la del escarmiento a quienes disfrutaron de su expulsión del Senado hace un lustro.
No se cuidaron en guardar las formas. La prepotencia y el deseo de venganza hicieron que cruzaran la línea de la legalidad. Se reúnen en secreto y filtran irresponsablemente los documentos que le son entregados por las organizaciones.
Y allí aumentaron el guarará, pues difundieron información privada que afecta a personas, exigieron documentos a organizaciones que sí tienen fines de lucro, involucraron a organismos como USAID en operaciones ilícitas y emitieron declaraciones precipitadas. Los representantes de un estudio jurídico privado, al cual habían conminado a presentar comprobantes, contestaron con una contundencia que la comisión guarará la tenía merecida: “La ignorancia mezclada con poder es la fórmula perfecta para dinamitar las instituciones republicanas sobre las cuales está fundada nuestra democracia”.
A medida que llegaban las respuestas de los pedidos de informes, eran derivados a la extensa legión de trolls, hurreros y operadores digitales cartistas. Pero estos son aún más atropellados y poco profesionales. La foto de una simple factura de algún periodista desafecto, por haber dictado una charla a una ONG, se convertía en prueba irrefutable de un financiamiento irregular. Los comentarios que acompañaban la foto eran del tipo: “¡Ahora todo me cierra!”.
Eso puede parecer invenciblemente ridículo, pero surte efecto en las mentes simples. Se trata de una operación difamatoria y de persecución que recibe el nombre de doxing. Este neologismo inglés describe la intención organizada de recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo, sin su consentimiento, con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional.
Es muy probable que la investigación de esta comisión no llegue a nada concreto, pero su intención es otra. Lo que busca es crear un clima de sospecha y hostilidad contra organizaciones de la sociedad civil críticas al gobierno que haga más tragable la ley contra las ONG, que ya tiene media sanción parlamentaria.
Es el mismo libreto copiado de gobiernos autoritarios de diferentes signos ideológicos. En Nicaragua, Daniel Ortega clausuró más de 5.000 organizaciones. La semana pasada Maduro, en Venezuela, aprobó una ley muy restrictiva y, en El Salvador, Bukele arremete en igual sentido.
En Paraguay, el cartismo tiene la misma intención, lo cual deteriorará aún más nuestra democracia. Pero creo que nos salvaremos, gracias a la comisión guarará. Hacen las cosas de modo tan tosco que, por ahí, lo echan todo a perder.
