30 oct. 2024

La Constitución es nuestro seguro contra el autoritarismo

Una vez más, en estos 35 años de democracia, un grupo político quiere instalar la necesidad de una enmienda constitucional. Desde que terminó la dictadura de Stroessner, el tema de la reelección nos ha acompañado como una pesadilla recurrente. Precisamente, la Constitución del 92 bloquea la posibilidad de reelección con la intención de desterrar para siempre el autoritarismo. Debe quedar claro que ni es el momento ni es lo que el país necesita. La clase política precisa ver y entender las reales necesidades de la población.

Sobran razones para hacer sonar las alarmas respecto a la intención manifestada por el presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez, de impulsar un debate sobre la reelección presidencial. La excusa sería el proyecto para que el 100% de los impuestos inmobiliarios queden en las municipalidades, para lo cual se debería modificar la Carta Magna. “Si se va a debatir, que se debata. Tenemos países vecinos que tienen reelección. Ese miedo de algunos sectores no corresponde”, había expresado el senador colorado.
Sin embargo, no se puede negar la desconfianza que genera la clase política y, en particular, quienes ostentan mayoría en el Parlamento. En medio de un escándalo por las denuncias de desvergonzadas contrataciones de privilegio en el Senado, para lo cual no tienen explicaciones razonables, plantean la necesidad de una reforma, le dicen sí a la reelección, pero un rotundo no a la segunda vuelta electoral. Recordemos que en las mejores elecciones que tuvo la ANR, Santiago Peña alcanzó la victoria con el 42,7%, exceptuando los resultados obtenidos por el general Andrés Rodríguez en 1989, poco después de haber derrocado al dictador.

Alfredo Stroessner había llegado al poder derrocando al presidente Federico Chaves, y después de un corto gobierno provisional, fue candidato del Partido Colorado en las elecciones de 1954 en las que no hubo otro competidor. En 35 años, el dictador ostentó el poder a la fuerza, con represión y torturas, disolviendo el Parlamento, proscribiendo a los partidos de oposición, y tras una convención constituyente le abrió las puertas a la reelección indefinida; por eso, cada cuatro años había elecciones en las que Stroessner arrasaba. Por otra parte, con la captura de las instituciones del Estado paraguayo por parte de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, erigió uno de los pilares de su régimen.

La Constitución de 1992 representa el gran anhelo democrático, el rechazo al autoritarismo, a la dictadura y a todos sus males, pero sobre todo fue el resultado de un gran pacto y una muestra ejemplar de tolerancia. Fue decirle no a la dictadura.

No debemos olvidar que hace siete años un intento de enmienda constitucional con las mismas intenciones tuvo trágicas consecuencias. La tapa del diario Última Hora del 1 de abril de 2017 declaraba rotunda: “Arde la República”. El día anterior, un grupo de senadores cartistas, luguistas y liberales llanistas cometieron un atraco político a la República al aprobar en una sesión paralela y a puertas cerradas un proyecto de enmienda de la Constitución para imponer la figura de la reelección presidencial, el hecho fue una abierta violación de la Carta Magna y produjo una grave crisis institucional. Después se desató la violencia y la represión contra la ciudadanía, y aquella noche se dio la icónica quema del Congreso, así como el terrible asalto policial al local del Partido Liberal Radical Auténtico, donde fue asesinado el joven dirigente Rodrigo Quintana.

Hoy, el Paraguay suma numerosos problemas, además de la corrupción que ya es endémica, y el embate del crimen organizado que trae aparejada la situación de violencia urbana e inseguridad, tenemos que admitir los serios problemas derivados de los resultados educativos, la falta de empleo y el empleo precario que son temas graves, además de las dramáticas carencias de la salud pública.

Esas deberían ser las prioridades para la clase política, con un partido en el gobierno que ostenta una mayoría absoluta que le permitiría –de tener voluntad para ello– tomar las mejores decisiones para darle al pueblo, mejores servicios públicos, salud, educación, en suma, el bienestar y la calidad de vida que tanto demanda.

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