Esta conceptualización puede vincularse con la idea de accountability societal, formulada por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell, quien explica los mecanismos de control que la sociedad civil puede ejercer sobre el poder fuera de los canales electorales formales. Estos controles societales son especialmente relevantes en países donde los organismos de control institucional son débiles o están alineados con el oficialismo, lo que convierte a la presión social en un contrapeso crucial.
Las recientes movilizaciones de marzo, protagonizadas por partidos de oposición y sectores sociales, revitalizan la dinámica democrática del país. Durante meses, el panorama político ha sido predecible y hegemónico, con poca participación activa. Sin embargo, estas manifestaciones han reintroducido la política en el debate público. Desde el oficialismo, algunos criticaron las marchas atribuyéndoles intereses políticos; un señalamiento que, lejos de ser revelador, es obvio: Toda acción colectiva tiene una dimensión política. Como señala Charles Tilly, una movilización es toda forma de acción colectiva dirigida a incidir en el poder político, ya sea promoviendo cambios o resistiendo decisiones gubernamentales.
A quienes descalifican las movilizaciones y la participación ciudadana, es oportuno recordarles que la democracia se sustenta en ellas. Son precisamente estas expresiones de descontento y exigencia las que fuerzan a quienes ejercen el poder a tomar mejores decisiones, aumentando la vigilancia sobre sus actos y reforzando los contrapesos institucionales.
Por esta razón, los constituyentes de 1992 otorgaron rango constitucional a la dimensión participativa y pluralista de la democracia paraguaya. Ante un pasado dictatorial, no bastaba con una democracia formal o representativa (como la prevista en la Constitución de 1967). Se necesitaba, sobre todo, una democracia viva, producto de la participación activa y vigorosa de la ciudadanía como protagonista central de sus proyectos de vida. Esta ciudadanía, aunque pueda ser contradictoria en sus demandas, asume la responsabilidad directa sobre su destino.
El país necesita reestablecer, en la práctica, el sistema de pesos y contrapesos. Desde lo institucional, ese recíproco control es hoy inviable debido a la cooptación de espacios por parte del oficialismo y la partidización de los órganos de control. En este escenario, los canales alternativos de participación; es decir, la contrademocracia, se vuelven fundamentales.
Para que esta dinámica sea efectiva, los partidos de oposición y los sectores sociales deben asumir un rol más estratégico. Los partidos, construyendo un espacio alternativo que sea atractivo y confiable para la ciudadanía, superando intereses mezquinos y cortoplacistas, y conectando con las necesidades reales de la población. Los sectores sociales, organizándose y movilizándose con agendas claras que presionen al Gobierno para la toma de decisiones con alto impacto colectivo. Si esto ocurre, los mecanismos de la contrademocracia habrán servido para revitalizar la alicaída democracia paraguaya y fortalecer el control ciudadano sobre el poder.
