La Contraloría General de la República (CGR) fue lapidaria en su informe sobre la auditoría realizada a la Gobernación de Central sobre la ejecución de su presupuesto del 2019.
La auditora Paola Riego detalló que no se presentaron las facturas que respalden G. 18.000 millones. Ante el reclamo, la Gobernación remitió formularios por la mitad, es decir, G. 9.000 millones, pero esto no representa una justificación de los gastos, según la funcionaria.
El informe fue presentado durante una reunión organizada por la presidenta del Frente Parlamentario contra la Corrupción, Kattya González.
Funcionarios de la Contraloría explicaron que se realizaron dos procesos de auditoría a la Gobernación. En el primero, se constató que se realizaron transferencias a las ONG sin rendición de cuentas, una de ellas, por valor de G. 6.000 millones a CIAP sin cumplir requisitos.
La segunda auditoría fue sobre los fondos Covid que se entregaron a todas las gobernaciones, donde también se hallaron irregularidades.
En el descargo manifiestan que sí se presentaron rendiciones de compra. Por esto reciben fondos de Hacienda de vuelta. La Contraloría no tiene en cuenta el descargo porque no tiene justificativo que avale.
Hallazgos de la SET. Por su parte, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, quien también estuvo en la reunión, comentó que comenzaron la investigación luego de la publicación de datos por parte de la Contraloría y de las denuncias de supuestas clonaciones de facturas presentadas en las rendiciones de cuentas de la Gobernación del Departamento Central de los fondos de emergencia.
La Contraloría, relató Orué, publicó la rendición de cuentas por valor de G. 5.114.600.010 en 46 facturas presentadas por la ONG CIAP en cuestión. Entonces la SET inició el trabajo de corroborar la veracidad de las operaciones a través de entrevistas y requerimientos de documentaciones a los 46 proveedores.
Fue así que concluyeron que 5 de los 46 proveedores manifestaron no haber realizado operaciones con la fundación CIAP, y las facturas presentadas ante la SET difieren de las presentadas ante la Contraloría (G. 416.230.917).
Además, un contribuyente se encontraba en el exterior desde el año 2017, por lo cual no pudo haber prestado los servicios (G. 904.741.819).
Dos contribuyentes cuyas facturas fueron incluidas en la rendición de cuentas manifestaron haber prestado el servicio a la fundación pero no recibieron el pago correspondiente por esos servicios (G. 208.414.545).
Orué indicó que, igualmente, la SET solicitó documentos a la fundación, y en este informe las facturas denunciadas como clonadas ya no fueron presentadas ante la institución.