Redacción Regional
CIUDAD DEL ESTE
La Contraloría General de la República (CGR) insiste en que no tiene acceso a documentos para realizar las auditorías correspondientes a la ejecución presupuestaria del 2017 tanto de la Gobernación del Alto Paraná como de la Municipalidad de Ciudad del Este, debido a que fueron remitidos al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Ayer, el contralor Enrique García reiteró, vía nota dirigida al ente juzgador, la solicitud de informar si efectivamente obra en poder de ese Tribunal la documentación de ambas instituciones públicas correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado.
Reiteró además el pedido de autorización para que los funcionarios designados por la CGR tengan acceso a dichos documentos para llevar a cabo la auditoría planificada.
Recordó que normativas legales vigentes que regulan las funciones de la CGR establecen que independientemente y sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas, como órgano jurisdiccional, y la Contraloría, como órgano administrativo, los documentos que ambas instituciones requieran deben ser custodiados y estar bajo la responsabilidad de los organismos a ser auditados, a los efectos de dar cumplimiento a mandatos constitucionales, legales y demás disposiciones especiales.
La CGR, a través de la resolución número 44/18, dispuso la realización de una auditoría financiera y de cumplimiento, en el marco del Plan General de Auditorías (PGA) para el 2018.
De esta situación la Municipalidad de Ciudad del Este fue notificada el 1 de marzo del 2018. En la misma fecha también fue notificada la Gobernación.
“Los documentos correspondientes a la ejecución presupuestaria institucional que manifiesta la Gobernación haberlos remitido en su totalidad a ese tribunal son imprescindibles para el desarrollo del trabajo programado por esta institución”, señala la CGR. Insiste en la necesidad de tener acceso a los comprobantes de gastos e inversiones.
También recuerda al ente juzgador que la Corte aclaró que tanto el Tribunal de Cuentas como la Contraloría tienen atribuciones diferentes que no se superponen ni colisionan entre sí.
“El hecho de que la norma atacada sea declarada inconstitucional no excluye la competencia que la Constitución y la ley le confieren a la CGR para realizar la auditoría que corresponda en todas las reparticiones públicas de la República”, señala.
La semana pasada concejales municipales cuestionaron la labor de la CGR por no realizar auditorías en la administración de la intendenta Sandra McLeod. Igualmente criticaron la labor del fiscal de Cuentas Jorge Salinas, a quien acusan de buscar “blanquear” la gestión de McLeod en pleno proceso de estudio de un pedido de intervención realizado por la Junta Municipal que está en Diputados.
Ayer el pleno del cuerpo colegiado de Ciudad del Este, vía resolución, autorizó al presidente de la Junta Municipal, el abogado Miguel Prieto, tomar las acciones jurídicas necesarias para intervenir el juzgamiento de la ejecución presupuestaria del año 2017, que realiza actualmente el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Nueva nota. La Contraloría volvió a pedir al Tribunal de Cuentas accedera los documentos para hacer la auditoría.
