La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, mencionó que la Contraloría General de la República no remite la correspondencia de bienes del senador libero-cartista Dionisio Amarilla, quien había sido denunciado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Este atraso les imposibilita contar con un elemento objetivo de investigación.
Indicó que independientemente a que la esposa (Analy Valiente) trabaje en dicha institución, el contralor general, Enrique García, como titular de dicho órgano, debe remitir lo peticionado.
Hace más de un mes que el Ministerio Público requirió la remisión del informe referido.
La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó la denuncia contra Amarilla, incluso habían planteado un urgimiento para que el parlamentario sea investigado.
Según el escrito de denuncia, Amarilla ostenta un nivel económico que no condice con sus ingresos. Una de las señales de enorme ascenso económico fue justamente los datos que se desprendieron de un análisis de gastos por candidato durante la campaña publicitaria en las internas partidarias del PLRA, donde, con USD 330.296 utilizados, el legislador encabezó la lista de los que más gastaron en la campaña, superando al entonces presidenciable Mario Abdo Benítez.
Finalmente, el Ministerio Público hace 16 días decidió dar apertura a la denuncia, aunque no fue designado un fiscal para el caso.
Quiñónez recalcó que están a la espera de la remisión de los datos para posteriormente designar a un representante fiscal.
Incluso indicó que se firmó un convenio entre el Ministerio Público y la Contraloría para la colaboración mutua, con el fin de afrontar de manera más eficiente la lucha contra la corrupción pública. Sin embargo, pese a ello el órgano contralor no envía las declaraciones y de esta manera traba la causa penal.
en familia. Amarilla logró ubicar a familiares y operadores políticos en puestos estratégicos, desde donde puede manejar información sobre todos los funcionarios públicos, incluyendo a sus colegas, como así también el control a la gestión de instituciones públicas, como los municipios y las gobernaciones.
Entre ellos se encuentra su esposa Analy Valiente Martínez, que recientemente fue ascendida como directora general de Declaraciones Juradas, con un salario de más de 15 millones de guaraníes.
Además, en la misma dirección, el legislador tiene otros aliados, como es el caso de Silvia Escobar, que cuenta con una jefatura; Modesto Sosa, con una dirección de área, y Guillermo Vera, como jefe de departamento, también en Declaraciones Juradas. Estos son operadores políticos del senador Amarilla, al igual que Leydi Cardozo, jefa de departamento.
Dos familiares del dirigente liberal también fueron beneficiados con su influencia ante García. Se trata de Jacinto Martínez, tío de Valiente, director de área en Asuntos Jurídicos, y Nicolás Arregui, primo de Amarilla, que ocupa el cargo de director general de Rendiciones de Cuentas.
