Es un problema estructural que debilita la gobernabilidad y la institucionalidad democrática, “prerrequisitos para el disfrute de los derechos humanos”, pero además, fomenta una impunidad que socava el estado de derecho, afirmó al describir los efectos de la corrupción en los derechos humanos.
Es tan extendida en la región, que abordarla representa un desafío para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si bien la CIDH viene observando los casos de corrupción que vulneran los DDHH, “ahora tenemos que desarrollar parámetros y criterios para abordar estos dentro del marco del sistema de casos y peticiones”, explicó el comisionado.
En tal sentido, dijo que la comisión debe hacer alianzas con los Estados y con otros organismos internacionales con el mandato de combatir la corrupción.
“En la CIDH estamos preparando un informe temático sobre la materia de corrupción y derechos humanos, en el que podamos ofrecer recomendaciones tanto a Estados como a la sociedad civil para afrontar este problema”, anunció.
MIGRACIÓN. Otro tema que les preocupa a nivel transversal es la migración. Al respecto, Hernández recordó que en el informe Tendencias globales, desplazamientos forzados 2018, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), evidenció que en los países de las Américas se registraban 1.026.504 solicitudes de asilo pendientes de resolución, de los cuales 237.767 eran personas refugiadas; 58.000 eran personas en situación similar a la de refugiadas, es decir, solicitantes de protección especial; 213.900 refugiados retornados y 8.061.000, personas desplazadas internas
“En los últimos tres años, el número de personas solicitantes de asilo ha crecido de manera alarmante en un 219 % en las Américas”, resaltó el relator de la CIDH, al tiempo que solamente se ha observado el aumento de 16% de personas que tienen el reconocimiento de la calidad del estatuto de refugiado.
Este drástico aumento puede explicarse por el surgimiento de situaciones de crisis humanitarias extraordinarias para la región, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, “que han cambiado de manera significativa la dinámica migratoria en el continente”, agregó.
EMPRESAS. Otra temática que representa un reto para el Sistema Interamericano, que se compone de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la de las empresas y los derechos humanos, manifestó Hernández. En ese orden, explicó que cada día más, las empresas son actores claves. La CIDH, por ahora ha desarrollado informes sobre audiencias públicas y un informe sobre industrias extractivas, y la situación de los indígenas y su derecho a la tierra, el territorio y los recursos nacionales.
“Ya la jurisprudencia de la Corte IDH ha enfrentado la temática por la vía de la responsabilidad indirecta del Estado. Uno de los casos abordados es el de Sarayaku contra Ecuador, donde se hace responsable al Estado por actuaciones de la empresa”, recordó refiriéndose a la sentencia de la Corte IDH en el caso del pueblo indígena Kichwa Sarayaku contra el Estado ecuatoriano, después de que se permitiera a una empresa petrolera invadir sus tierras tradicionales a comienzos de la década de 2000 sin consulta previa, libre e informada.
“Hemos visto avances a nivel nacional, cada vez hay más países que adoptan legislaciones que abordan la responsabilidad penal de las empresas, tipifican los delitos ambientales y establecen marcos normativos para la responsabilidad social de las empresas”, resaltó el comisionado durante su exposición.
Sin embargo, reconoció que hace falta que el Sistema Interamericano –como ya lo está haciendo el sistema de Naciones Unidas– celebre un debate más abierto de cómo involucrar a las empresas, más allá de la responsabilidad indirecta que ya tienen los Estados para que estas ayuden en la prevención, mitigación y reparación de las afectaciones de los derechos humanos.
Perfil
El comisionado Joel Hernández García es jurista y diplomático mexicano. Fue elegido el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para un periodo de cuatro años, que inició el 1 de enero de 2018 y finaliza el 31 de diciembre de 2021. Actualmente se desempeña como primer vicepresidente de la CIDH. Es el relator designado para Belice, Barbados, Costa Rica, Honduras, Perú, Paraguay y Surinam, y relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad.
Estamos preparando un informe sobre corrupción y derechos humanos, en el que podamos ofrecer recomendaciones