Por más de dos décadas estuvo prófugo de la justicia sin que la Policía Nacional lograra detenerlo y sin que tampoco la Justicia hiciera su trabajo.
En una de sus causas, un ex funcionario del Ministerio de Hacienda fue denunciado por haber desviado a su cuenta personal más de G. 1.724 millones de los fondos del Banco Mundial. A finales de mayo de ese año 2002 fue imputado, pero se fugó y declarado rebelde y con orden de captura. La Policía no logró detenerlo.
Pasaron doce años cuando a fines de agosto de 2014, mientras el ex funcionario paseaba en un lujoso automóvil, en Azara casi Estados Unidos, en pleno centro de la capital fue detenido por los agentes de la División de Crimen Organizado de la Policía Nacional. Ahí, por fin, fue puesto a cargo de la Justicia. Poco después, le notificaron de la imputación del año 2002, por el desvío a sus cuentas de G. 1.724.274.480 del dinero público.
Lo siguiente fue que solicitó primero la prescripción de su causa, lo que fue admitido por el entonces juez Hugo Sosa Pasmor, pero que fue revocado por el Tribunal de Apelación en lo Penal y el proceso continuó. Por varios años siguió el proceso con pedidos de prescripción, y luego extinción de la acción penal por los años que pasaron de los hechos investigados que datan del 2000. Fue condenado a cuatro años de cárcel en el 2020 casi 20 años después. El ex funcionario tiene inhibición general de gravar y vender bienes y ahora apela el comiso dictado por los jueces. Y tras 23 años todavía no concluye el proceso.
Mientras cientos de paraguayos y paraguayas deben aguardar por décadas la resolución de sus casos, llamativamente las causas que involucran a “presuntos” delincuentes y funcionarios deshonestos se extinguen gracias a las chicanas que tienen precisamente ese objetivo: Dilatar y que no se haga justicia.
Lamentablemente los procesos se acumulan y sobran los ejemplos en los que los ciudadanos son víctimas de la mora judicial. Se puntualizar el caso de una ciudadana que aguardó durante 17 años que le levantaran una hipoteca, pese a haber ya cancelado su obligación. O el que tiene de protagonista a la misma Corte Suprema de Justicia que tuvo que esperar 16 años para rechazar una acción de inconstitucionalidad planteada.
Otros casos de mora por lo general benefician directamente a delincuentes. Es el caso de cinco acusados por presunto narcotráfico arrestados en un operativo con dos camiones refrigerados que contenían 980 kilos de marihuana prensada. Entre chicanas y otros procedimientos el caso se extinguió.
La otra cara de la realidad, al mismo tiempo nos muestra una preocupante situación. Según un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de toda la población penitenciaria el 68% se encontraba con prisión preventiva y apenas el 32% tiene una condena.
Esto es mucho más y peor aún que solo la negligencia e inoperancia. Se trata de maniobras que impiden que obtenga justicia y, además que los daños son considerables. Tal como lo expresaba un grupo de la sociedad civil cuando llamó la atención sobre la falta de una política institucional para erradicar la impunidad. Mencionaban los activistas casos en los que apeligran quedar sin justicia y que involucran procesos a ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios. De acuerdo con algunos cálculos, la impunidad costaría más de 9 billones de guaraníes a las arcas del Estado.
Merecemos como país tener una justicia independiente y que ya no sea cómplice de la impunidad, pues la impunidad como sabemos socava los cimientos del sistema democrático.
