Para los responsables de la Iglesia Católica en Paraguay, “defender la Justicia y hacer justicia es un deber sagrado para afirmar la dignidad de todos y asegurar la convivencia en paz y fraternidad, propiciando la equidad, la rectitud, la imparcialidad y la moderación en las relaciones sociales, en el acceso a los bienes necesarios de todos y a las oportunidades de desarrollo presente y futuro”.
Asimismo y en forma contundente, subrayan: “Necesitamos signos que desarticulen la trama corrupta que atenta contra el recto funcionamiento de las instituciones del Estado. Es imperativo que la Carta Magna de la Nación paraguaya, nuestra Constitución Nacional, sea respetada cumplida, asegurando el equilibrio y la separación de poderes para el servicio honesto a la patria”.
Fundamentan esta preocupación en los recientes casos que se han hecho públicos, el escándalo por el contenido de los chats de teléfonos incautados al fallecido diputado colorado Lalo Gomes, investigado por narcotráfico. El intercambio de mensajes desveló un entramado de sentencias a medida, blanqueo de fiscales, manoseo de la Justicia y protección, que tenían al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entre otras instituciones, al servicio de los poderes políticos y económicos, así como el peligro de que nuevamente gane la impunidad.
Coincide la carta de nuestros obispos con la publicación del informe anual de la organización The Economist Intelligence Unit, que mide el estado de la democracia en el mundo. En esta edición, Paraguay ha sido clasificado como una democracia en declive. El informe señala que nuestro país retrocedió en la clasificación global y quedó en la categoría de “régimen híbrido”, sistema en el que la democracia es frágil y las instituciones están debilitadas. Híbrido es un sistema autoritario que se maquilla con algunas formalidades de la democracia.
Responsable de este resultado es el mismo gobierno. La organización reconoce que el retroceso se da precisamente por la promulgación de la ley conocida como garrote, Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, cuestionada por su intención de mantener bajo control a las organizaciones, particularmente aquellas que trabajan la transparencia y lucha contra la corrupción.
Al mismo tiempo, resulta preocupante la actitud del gobierno respecto a la prensa. Frente a hechos contundentes los periodistas cumplen su labor de informar y cuestionar. Sucesos como los chats revelados que desnudan una trama inmoral de tráfico de influencia e incidencia del crimen organizado; los escándalos como el generado por el proyecto Hambre Cero, el cual contando con millonarios recursos no es capaz de proveer una asistencia digna a los escolares pobres, ni con alimentos, ni con útiles e infraestructura en las instituciones, son denunciados por la prensa porque ese es su trabajo. Santiago Peña, como la cabeza del gobierno, no puede quejarse de que la prensa haga su trabajo, pero sobre todo no debe olvidar nunca que no hay democracia sin una prensa libre.
Es urgente que en el Paraguay podamos recuperar el respeto por las instituciones, y que se recuperen los valores de honestidad, profesionalidad, moral y ética en la gestión pública. Como dicen los obispos: “Se debe sanar nuestra democracia, con la colaboración de todos, ciudadanos y autoridades, servidores del bien común”.
