El caso de los supuestos caseros del diputado Tomás Fidelino Rivas, que se abrió tras una investigación de ÚH, será auditado íntegramente, según resolvió ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez.
La resolución se dio a raíz de la nota presentada por el grupo autodenominado Sociedad Civil Paraguaya, donde piden que se audite la causa en cuestión, a la fecha, con más de un año de proceso.
Según la resolución, se dispone una auditoría integral al expediente del legislador y sobre las conductas procesales de los magistrados intervinientes.
Asimismo, la auditoría se realizará también sobre la actuación del abogado Inocencia Cuevas.
Con ello, se dispuso la remisión de la resolución a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias del Poder Judicial.
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La resolución está firmada por el ministro Eugenio Jiménez, en su calidad de titular de la Corte y del Consejo de Superintendencia.
CAUSA. En el caso, actualmente, la defensa del diputado Rivas apeló la resolución de la jueza Letizia Paredes, que rechazó la nulidad de la imputación en su contra.
Es que sus defensores Jorge Bogarín y Patricia Vitale habían pedido anular las actuaciones y, en especial, el acta de imputación.
Sin embargo, la jueza entendió que no correspondía la nulidad de la imputación, ya que cumplía con los requisitos procesales.
Fue justamente esto lo que fue apelado por la defensa. Ahora la magistrada le corrió traslado del recurso al fiscal Luis Piñánez, para que conteste la apelación.
Después la magistrada deberá remitir la causa al Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, para que estudie el pedido de la defensa del encausado.
No obstante, por la apelación que planteó, aún no se puede realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares en contra del diputado.
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LOS CASEROS. Paralelamente, con respecto a sus supuestos caseros, la jueza Letizia Paredes elevó a juicio oral el caso contra Nery Antonio Franco González y Lucio Romero Caballero.
Con relación al tercer casero, Reinaldo Chaparro Penayo, la diligencia fue suspendida porque su abogado defensor tenía otra audiencia.
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No obstante, la magistrada le citó nuevamente para el próximo 5 de julio, donde se realizará la audiencia preliminar.
Los supuestos caseros se encuentran procesados por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
La causa tuvo su inicio a raíz de la investigación periodística de ÚH. Se indicó que los tres percibían salarios en el Congreso Nacional, pero en realidad trabajaban como cuidadores de las casas del diputado colorado.