Esto, debido a que a primera hora de ayer el juez de Garantías de turno, Raúl Florentin, se declaró incompetente para atender la solicitud, ya que entendía que debía ser el juez de Delitos Económicos de turno.
Después, el juez Humberto Otazú, que recibió el pedido de auxilio judicial, también declinó su competencia porque entiende que existe un precedente de que el magistrado de Garantías de turno es el que debe estudiar el requerimiento. Con ello, existe un conflicto de competencia negativa, ya que ambos jueces se declararon incompetentes para atender el caso, con lo que el pedido finalmente pasa a la Sala Penal de la Corte Suprema que deberá resolver la cuestión.
Los senadores Juan Eudes Afara, Salyn Buzarquis y Jorge Querey, a más de los diputados Hugo Ramírez y Jorge Ávalos Mariño, habían requerido el auxilio judicial para que se ordene la comparecencia de Cartes a la audiencia ante la Comisión Bicameral de Investigación el 23 de agosto a las 10:30.
Florentin, en su resolución, citó las leyes y acordadas que crearon el fuero Especializado en Delitos Económicos. Señala que la CBI es para casos de lavado de dinero y delitos conexos, por lo que debería ser el juez de Delitos Económicos el que atienda la petición.
Otazú, por su parte, cita el precedente del 2019, cuando el senador Rodolfo Friedmann había requerido también el auxilio judicial para la comparecencia del mismo Horacio Cartes para declarar en el caso de Darío Messer.
Además de ese precedente cita la ley, donde señala que si existe casos de narcotráfico, son los jueces de Crimen Organizado los competentes.
Finalmente, menciona las declaraciones del senador Querey de que el juez se lavó las manos. “Declaraciones que compartimos en el sentido de que, en esta solicitud, ya no se habla solamente de lavado de dinero sino de lavado de manos...” (sic).
De esta manera, la Sala Penal de la Corte, la próxima semana, estudiará el conflicto de competencia para definir qué juez estudiará el pedido.
En el 2019, la jueza Lici Sánchez había remitido el pedido de los legisladores a la fiscalía para que abriera la investigación e imputación, ya que no se podía imponer una sanción sin una causa previa.