La decapitación, el acuchillamiento y la incineración de presos perpetrados por criminales del Primer Comando Capital (PCC) en la Penitenciaría Regional de San Pedro, en la siesta del domingo pasado, dejando diez internos muertos y catorce heridos, pusieron en foco nuevamente el hacinamiento, la precariedad y la corrupción del sistema penitenciario.
El clan Rotela domina las cárceles del país, con unos 800 hombres, refieren fuentes del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el PCC va tomando preponderancia con unos 400 soldados (última estimación), más de dos tercios de ellos paraguayos reclutados para colaborar con los brasileños en el tráfico de drogas y sicariato. Justamente el liderazgo en los penales fue el motivo que desató el sangriento enfrentamiento sin precedentes en el país.
Los hechos se dieron en un contexto de hacinamiento del sistema penitenciario, que alberga a más de 16.000 internos, cuando solo tiene capacidad para 4.300, custodiados por 1.400 guardias; además, más del 70 por ciento está sin condena, según datos señalados por autoridades.
Para evitar el hacinamiento, el ex diputado colorado de Caaguazú Éber Ovelar había planteado el proyecto de ley que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control para el sistema penal. Después de varias modificaciones, el Congreso sancionó y finalmente en setiembre de 2017 el Ejecutivo promulgó.
“Las pulseras electrónicas van a ayudar a descongestionar las penitenciarías, pues, como es bien sabido, la población penitenciaria de Tacumbú casi cuadruplica la capacidad real de albergue a los privados de su libertad. Mejorará el control a través de monitoreos constantes, ya que a lo largo de los últimos años se ha demostrado con absoluta claridad la ineficacia de los arrestos domiciliarios, que lejos de cumplir una función de tutela localizada de un delincuente, le otorga un formidable salvoconducto para cometer todo tipo de crímenes bajo el amparo de una coartada disfrazada”, explicó el ex parlamentario, quien actualmente es representante del Poder Ejecutivo en la Comisión de Reforma Penal y Judicial.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia, ente gerenciador del sistema, pese a que en setiembre del año pasado ya debía implementar el proyecto, según resalta la ley, a la fecha no ha puesto en vigencia, tampoco eligió el diseño tecnológico que resulte más eficiente (tobilleras o pulseras), ni siquiera realizó un plan piloto.
Desde la Máxima Instancia Judicial explicaron que se debe a la falta de presupuesto.