Terminó el año y se inició la feria judicial sin que los ministros de la Corte Suprema de Justicia se expidan sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por Kattya González contra la resolución de la Cámara de Senadores para destituirla en febrero pasado.
Este acto arbitrario, impulsado por el cartismo y sus satélites, fue un osado zarpazo autoritario contra una de las escasas voces opositoras que aún se escuchaban en el Parlamento. Para consumarlo, debieron armar una sesión exprés en pleno receso parlamentario y violar su propio reglamento interno. Unas semanas antes, en una maniobra para autoblindarse ante eventuales pedidos de pérdida de investidura, lo habían modificado, aumentando la cantidad de votos necesarios para lograrlo. Como no alcanzaban ese número, volvieron a rebajarlo inmediatamente antes de expulsar a la senadora
Para cumplir la orden emanada del Quincho hubo que inventar acusaciones. Dijeron que habían comprobado el “uso indebido de influencias”, pues había firmado las planillas de asistencia de una asesora, Soledad Blanco, cuando ella estaba fuera del país. Sostuvieron que otro funcionario José Torales fue nombrado director de su bancada contraviniendo disposiciones administrativas. Afirmaron que un agente policial, César Portillo, asignado a su custodia, estaba en un mitin político vistiendo una remera del Encuentro Nacional. Y también incluyeron una denuncia por una maestría y un doctorado cursados en tiempo récord.
Muy rápidamente las causales del libelo acusatorio fueron desestimadas, una tras otra, en las diversas instancias. Primero el Ministerio Público y luego el juez Rodrigo Estigarribia descartaron las denuncias, argumentando que los funcionarios Soledad Blanco y José Torales cumplían las tareas que les correspondían y percibían un salario acorde con sus funciones. Luego, la Dirección General de Justicia Policial otorgó el sobreseimiento definitivo al policía Portillo determinando que este no tenía ningún elemento que hiciese alusión a algún partido político. Por último, el área de Posgrados de la Universidad Columbia emitió un comunicado confirmando que la parlamentaria cursó una maestría y un doctorado con “100% de asistencia y altas calificaciones”, con la presentación de las tesis correspondientes.
En junio, la Fiscalía, a través de un dictamen firmado por la fiscal adjunta, Artemisa Marchuk, consideró inconstitucional la remoción de Ka-ttya por vulnerar el Estado de derecho y el principio de legalidad. Desde entonces, con los vicios de procedimiento, con un libelo acusatorio que se quedó sin causas y con un dictamen del Ministerio Público, el caso quedó en manos de la Corte, la que no se pronunció durante lo que restaba del año.
El caso es complejo, pues no debe analizarse solo desde lo jurídico, sino que tiene componentes políticos y constitucionales. La expulsión de una legisladora que obtuvo su banca con más de 100.000 votos –fue la cuarta parlamentaria más votada de la Cámara Alta– fue un claro mensaje para los senadores opositores. El matiz antidemocrático del cartismo desencadenó reacciones en la comunidad internacional, la Iglesia Católica, gremios empresariales, profesionales y estudiantiles.
Por eso mismo, es un tema trascendental que afecta al funcionamiento de la democracia y exige un posicionamiento de la Corte. Si los jueces supremos se ajustan con independencia al Estado de derecho deben hacer respetar la formalidad del debido proceso, en el marco del recíproco control entre los poderes.
Kattya González sabe que es muy improbable su vuelva al Congreso. Pero estos ministros de la Corte también deben saber que dilatar indefinidamente una toma de posición los convierte en cómplices de la descomposición institucional de este país. Si no dan la talla, que se note.
