Fue una buena noticia que el Senado diera media sanción al proyecto de ley que hace públicas las declaraciones de bienes de funcionarios públicos a cualquier persona que las solicite. Es de celebrar que se haya reconocido que aquellos que asumen responsabilidades públicas tienen limitado su derecho a la privacidad en aras de la transparencia. Solo que durante el debate del proyecto se dio lectura a una nota firmada por Raúl Torres Kirmser, presidente de la Corte Suprema, en la que recomendaba “modificar la redacción del proyecto de ley”, pues la propuesta violaba el derecho a la intimidad.
La primera reacción de los senadores fue la de preguntar quién lo había solicitado. La respuesta fue insólita: nadie. La Corte, sin que nadie la llame, decidió meter sus narices en un tema que todavía estaba siendo tratado en el Senado. Este bárbaro desconocimiento del principio constitucional de la independencia de los Poderes del Estado configura una inaceptable intromisión que ni siquiera mereció una respuesta de los legisladores
“Nadie les hizo caso”, dijeron algunos de ellos, aunque para mi gusto esa desfachatez merecía una respuesta institucional más enérgica. ¿Quiénes se creen los ministros de la desprestigiada Corte Suprema de Justicia?
Para peor, cometieron un avieso prejuzgamiento sobre un caso que tienen en estudio. El periodista Juan Carlos Lezcano, favorecido en primera y segunda instancia en un amparo contra la negativa de la Contraloría General de entregar esos mismos datos, deberá recusar a todos los ministros de la Corte. Es que la Contraloría presentó una acción de inconstitucionalidad que algún día será juzgada por quienes ya opinaron al respecto. Eso, suponiendo que todos sus integrantes sean responsables del extemporáneo dictamen. La nota del doctor Torres Kirmser expresa que la decisión fue tomada en una sesión del pleno del 2 de octubre. En la página web de la Corte está el acta de dicha reunión y allí se consignan con detalle los ocho puntos tratados. Ese día designaron jueces, aceptaron renuncias, aprobaron rúbricas de convenios y hasta declararon al 27 de diciembre como “Día del Mediador Judicial del Paraguay”. Pero de la “sugerencia” a la Cámara de Senadores, nada.
Los integrantes de la Corte nunca quisieron declarar sus bienes. Vaya a uno saber por qué, aunque pueda imaginarlo. En febrero pasado llegaron al colmo de aprobar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que obliga a los funcionarios públicos a presentar declaración de bienes. El detalle es que dicha acción había sido presentada por Mirtha Morínigo de Florentín, funcionaria de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la propia Corte. Es decir, eran juez y parte. El escándalo creado fue suficientemente estruendoso como para que después se desdijeran. Así que lo de ahora no sorprende, es contumacia en grado de obstinación.