Las resoluciones fueron dictadas por el anterior Consejo de Superintendencia de la Corte, en la última semana del 2019, aunque ahora fueron notificadas a los afectados y a los magistrados.
Según el superintendente general de Justicia, Dr. Rafael Monzón, las denuncias contra los abogados fueron de parte de jueces por las abusivas chicanas, los condenados por delitos, a más de sus propios clientes, porque cobraban honorarios y no realizaban los trabajos.
Explicó que, tras la denuncia en la Sección de Quejas y Denuncias, ellos reciben el expediente en 24 horas, nombran un analista que tiene 60 días hábiles para elevar un informe preliminar donde recomiendan archivo, remisión a otros organismos o sumarios.
Si se realizan los sumarios, tienen 120 días para dictaminar y elevar al Consejo de Superintendencia, que resuelve lo que corresponde, ya que los dictámenes no son vinculantes.
SANCIONADOS. El 26 de diciembre del año pasado, el Consejo de Superintendencia, integrado por el entonces presidente Eugenio Jiménez y los vicepresidentes Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro, sancionó a los abogados.
Así, el que tuvo mayor sanción fue el abogado Diosnel Darío Alarcón, que tiene dos sumarios, en uno lo suspendieron a un mes y en el otro, por seis meses. Este último concluirá el 7 de agosto del 2020.
Además, fueron sancionados Darío Ramón Fernández Ayala, por dos meses; Clarice Adriana Sánchez Santacruz, por un mes; Víctor Hugo Morel López, por un mes; y, Linda Erna Carolina Insfrán Santacruz, por un mes.
Además, Rolando Salinas Pastore, por tres meses; Hermes Rubén Pérez Morales, por un mes, y Bernardina Daniela Cuevas de Mendoza, por un mes, conforme con la resolución de la Corte.
Salinas Pastore fue quien promovió, junto con su colega Mercedes Martínez, del estudio jurídico Olmedo, “los juicios contra los docentes, por derecho propio, y que presentaban para obtener el embargo preventivo del salario a dos testigos falsos, uno que era un gestor de ellos y otro un ordenanza”, recordó ayer la fiscala Teresa Sosa. “Fueron los que promovieron los cientos y cientos de juicios ejecutivos; y esos montos eran producto de usura y estafa”, ahondó la agente del Ministerio Público. Las sanciones fueron comunicadas a todas las circunscripciones judiciales, que a su vez deben notificar a todos los magistrados de la República.
Monzón señaló que los suspendidos no pueden ejercer la profesión durante el plazo que dure la medida.
Muchas denuncias durante el 2019
La Superintendencia de Justicia tuvo el año pasado nada menos que 4.077 denuncias ingresadas y que fueron evaluadas. De ellas, se realizaron 3.671 informes preliminares al Consejo de Superintendencia de la Corte, de los cuales, se abrieron 2.415 sumarios administrativos. De ellos, se elevaron 2.229 dictámenes conclusivos.
Entran en su jurisdicción los funcionarios judiciales, los magistrados y los auxiliares de justicia. Entre estos últimos, están los abogados, escribanos y peritos habilitados por la Corte Suprema.
