A todas luces, hemos visto en los últimos años que fiscales y jueces se han prestado a los intereses de diputados, senadores, altos funcionarios públicos y grupos políticos de turno o no en el gobierno, incluso, de la mafia.
Desde hace un par de semanas, hemos visto varios ejemplos en un solo caso: los chats de Lalo Gomes.
El diputado colorado asesinado a manos de policías y cuyo teléfono celular fue peritado tras su muerte, contaba con actores de la Justicia a sus órdenes, según los mensajes extraídos de su dispositivo móvil, que luego fueron revelados.
El legislador extinto claramente ostentaba poder desde que se volvió un referente ganadero en Amambay –región hoy copada por el crimen organizado– y luego cuando llegó a una banca en el Congreso Nacional, siendo al principio disidente y después oficialista.
El caso de los chats es un ejemplo más de cuán lejos sigue la Justicia de dar cumplimiento a su principio: la independencia.
Al estar influida por políticos, la imagen del Poder Judicial empeora. La credibilidad, cada vez, es más escasa.
A los ojos del pueblo se vuelve cada vez más desigual y selectiva.
Desigual, porque no se juzga con la misma vara a una persona que robó dos paquetes de tapa cuadril que a un político que malversó recursos millonarios del Estado.
Selectiva, debido al tiempo de una causa según el interés. Se pueden prolongar o tratar con inmediatez, dependiendo de quién esté procesado.
La falta de independencia judicial además repercute en la calle y a nivel macro, en la economía, cuando se constituye en una dificultad para alcanzar buenas calificaciones sobre riesgos de inversión.
Si los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial funcionaran por separado –como establece la ley–, este último debería garantizar el acceso de los ciudadanos a un proceso justo.
Es decir, un funcionario público acusado por corrupción se debería someter a la Justicia sin privilegios al igual que a un ciudadano, que afronta un proceso por un acto delincuencial.
Volviendo a los chats de Lalo, el otro cáncer es la injerencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde sus miembros brindan protección a abogados, fiscales y jueces acusados de delitos o mal desempeño, en lugar de sanear el sistema judicial.
A pedido del diputado extinto habían sido salvadas en estas instancias dos fiscalas: Katia Uemura y Stella Mary Cano. Lalo Gomes intercedió por ellas durante la presidencia del ex diputado Orlando Arévalo en el JEM, lo cual fue motivo de un escándalo.
Hay otros casos del pasado que demuestran también el nulo grado de honestidad en el manejo de lo judicial.
El punto es que la fuerza de la democracia, en un Estado de derecho, depende en gran medida de cómo se administre la Justicia.
Un ránking del 2018 del Reporte de Competitividad Global había posicionado al sistema de Justicia de Paraguay como el quinto peor del mundo. El principal motivo había sido en ese entonces la falta de independencia.
A siete años de dicho indicador, la percepción no cambió para la población paraguaya.
La Justicia sigue pasando por una situación crítica y la ciudadanía ya no cree en ella.
Ya sea por la falta de imparcialidad a la hora de medir los casos u otros motivos.
La Justicia está corroída por la corrupción y la débil administración, que solamente muestran a un sistema que va de mal en peor.
