“La desprotección a las víctimas fue el principal elemento disparador de la crisis”

Fernando Núñez
fnunez@uhora.com.py

La abogada Noelia Núñez, quien representa a víctimas de la mafia de los pagarés, ahonda sobre esta trama delictiva que desnudó un sistema judicial corrupto. Calificó los hechos como: “La mayor crisis jurídica nacional, sin precedentes”.

–¿Cómo se debe proteger a las víctimas desde la Justicia?

–En primer lugar, el enfoque a la protección de los derechos de las víctimas debe tener una mirada holística; esto se traduce desde la perspectiva de que los organismos del Estado, principalmente el Poder Judicial, debiera intensificar los controles en los juzgados de Paz. Esto implicaría el análisis de expedientes de oficio, de tal manera a notar las nulidades en los procesos y retrotraer las acciones a foja cero, por decir de alguna manera, ya que es una potestad del juez, según las facultades que le confiere la Ley. Esto permitiría que muchas personas puedan intervenir, defenderse, o no, decidir no hacerlo. También se podría pensar que, a raíz de ello, las víctimas puedan entablar procesos, promover acciones y eventualmente recuperar los cobros indebidos.

–¿Qué papel juegan los Juzgados de Paz en la trama delictiva?

–En relación al rol que cumplen los Juzgados de Paz en todo este esquema es fundamental reconocer el papel crucial que desempeñaron. No se puede desconocer de que ellos forman parte integral de este esquema. Sin la actuación y acciones de cada una de estas personas como funcionarios de los Juzgados de Paz, no se hubiese podido llevar adelante esta estructura que se montó por décadas, y enriqueció a muchas personas, incluyendo a las que conformaban los Juzgados de Paz.

Por tanto, me atrevo a decir que la responsabilidad de ellos es inclusive mayor a la de los abogados y otros auxiliares de Justicia, en el entendido de que la ciudadanía deposita su confianza en los operadores del sistema de Justicia y los que la administran.

Estas personas representan al Poder Judicial; por ende, la responsabilidad de ellas y el rol de los representantes del juzgado de Paz tiene un efecto superlativo en el mayor escándalo jurídico nacional.

–Se habla de empresas de maletín, que en realidad ofrecen préstamos usurarios. ¿Qué otras instituciones del Estado deben controlar a estas empresas?

–Si bien, por un lado, tenemos empresas de maletín, tampoco podemos desconocer que existen grandes corporaciones financieras, que articulan estas mismas acciones y replican de una manera macro el esquema delictivo.

Con la contribución de otras entidades estatales, como la DNIT, Contraloría, Seprelad, Banco Central, BNF, Ministerio de Hacienda, Defensa Pública, Ministerio Público, y en fin, los tres poderes del Estado, el análisis de trazabilidad sería efectivo y contundente. La era digital nos invita a activar protocolos sistematizados y operativos, lo cual se impone en los tiempos que atravesamos y la crisis acuciante que nos involucra a todos.

–En muchos casos se habla de que empresas compran las deudas... ¿Eso puede ser controlado? Teniendo en cuenta que un mismo documento se ejecuta en varios Juzgados de Paz.

–Efectivamente, esa posibilidad que existe en un título ejecutivo o cambiario hace posible la transmisión de la deuda, la compraventa de carteras de crédito, y la circulación de estos documentos en el sistema financiero. Sin embargo, la falta de control y de leyes más específicas, permitió la instalación de un caldo de cultivo para estas estructuras criminales.

–¿Cómo es que un mismo pagaré puede ser ejecutado en varios Juzgados de Paz y la misma deuda es embargada en dos o tres ocasiones, sin que las instituciones de Justicia sean alertadas?

–En relación a la ejecución dolosa de un mismo pagaré o título ejecutivo dos o tres veces en un mismo Juzgado por diferentes personas o, inclusive en diferentes juzgados por diferentes empresas, se pudo realizar gracias a la falta de control y mecanismos de contingencia. Es innegable que la falta de control ha permitido que esto haya crecido, perfeccionado, e inclusive adquiera alcances sin precedentes.

Hoy día se puede apuntar a la transformación digital de los Juzgados de Paz, en ese sentido encontramos que dos juzgados de capital iniciarán desde el 21 de abril con el expediente electrónico. Esto es un elemento vital para transparentar los procesos, controlarlos y medir acciones que deban modificarse, a fin de ser perfeccionadas o transformadas, en relación a los resultados que se van a ir obteniendo.

–Existe una desprotección total a víctimas por parte de las instituciones públicas.

–La desprotección a las víctimas fue el principal elemento disparador de la crisis. Esta desprotección generó la mayor crisis jurídica nacional sin precedentes y, a su vez, permitió una transformación radical del sistema que nunca antes habíamos visto por parte de las autoridades y el involucramiento de distintos sectores, sin desmeritar a las voces disidentes que forjaron el análisis crítico urgente y pertinente que se transformó en algunas formas y salidas como posibles soluciones paliativas.

–¿Cuál debe ser el trabajo de la Fiscalía?; ¿a dónde debe apuntar la investigación?

–Finalmente y como representante de muchas víctimas en acciones penales y civiles, creo pertinente mencionar que las acciones, tanto de la Fiscalía y de las demás autoridades jurisdiccionales, deben estar enfocadas a condenar las acciones de todas las personas implicadas y que la impunidad no sea moneda de cambio.

Obtener condenas ejemplares debe ser la consigna, a fin de que estas estructuras dejen de operar como un gran sistema de crimen organizado camuflado en negocios lícitos, pues no hay que desconocer que quizás parte del dinero que se utiliza para los préstamos usurarios no tienen forma de justificar origen, y se debiera analizar la posibilidad de que sean producto del crimen organizado, pudiendo así ingresar al sistema financiero para lavar activos y generar la impunidad gracias a los recursos que obtienen y, a los tributos a personas que hoy tejen los hilos del poder.

–¿Con miles de víctimas de extorsión “legal”, se debe regular más las funciones de los Juzgados de Paz?

–Más allá de regular los Juzgados de Paz, se deben controlar, sistematizar, digitalizar y modificar la legislación, de los alcances y las competencias y jurisdicciones de estos juzgados, a fin de limitar las facultades que le otorgan las leyes en virtud a que se pudo notar que con la ampliación de esos efectos, se distorsionó la Ley, se distorsionaron las acciones, se multiplicaron los delitos y esto hizo que ahora nos encontremos con esta gran crisis.