Dos semanas atrás, las autoridades de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) señalaron que si bien no subirían la tasa de interés, se mantendría alta por un tiempo más largo que el previsto, extendiéndose al menos hasta 2026, buscando llegar a la meta de inflación del 2%. El rango actual de las tasas de interés se ubica entre 5,25%-5,50%, el más alto en 22 años.
La resistencia a la baja de la inflación junto con el crecimiento económico de ese país hacen más difícil reducir las tasas de interés. Reducir la inflación requiere un crecimiento por debajo de la tendencia actual. La coyuntura además se complica con el repunte de los precios energéticos debido a los recortes de producción establecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, lo que presiona al nivel general de los precios.
Para Paraguay, esto significa que el costo de financiarse en dólares se mantendrá alto, por lo que cualquier refinanciación de la deuda tiene que ser objeto de un detallado análisis no solo de la situación presente sino de las proyecciones.
Paraguay no solo tiene que saldar la deuda externa sino también la enorme deuda social con su ciudadanía, cuya situación muestra un deterioro desde hace varios años, profundizada por la pandemia, por lo que requiere recursos para financiar las políticas públicas.
Los efectos de la política monetaria implementada por la FED no se trasladan solo al costo de la deuda sino que tiene muchas vías de transmisión a la economía paraguaya. Las altas tasas de interés incentivan el traslado de los capitales hacia ese país presionando al tipo de cambio con la consecuente devaluación y reduciendo la inversión extranjera. El efecto contractivo de la política monetaria norteamericana conlleva un menor consumo de materias primas, afectando a las exportaciones nacionales destinadas a dicho país.
Todos estos factores presionan a un aumento de la deuda y con ello a un deterioro de los indicadores macro, aumentando las vulnerabilidades internas y trasladándose a los indicadores de riesgo país.
Estamos ante una situación sumamente compleja tanto macroeconómica como microeconómica, ya que los hogares sienten desde hace años el deterioro de los ingresos, la falta de acceso a servicios de salud, la mala calidad de la educación, el aumento de los precios y del endeudamiento privado.
Los costos de un manejo inadecuado de la deuda han llevado a los países latinoamericanos a resultados desastrosos en la calidad de vida de la población. En la actualidad, países como Sri Lanka, Ghana o Pakistán se encuentran en una situación sumamente grave, repitiendo historias pasadas ya conocidas.
Las finanzas nacionales se encuentran en riesgo porque gobiernos anteriores han apelado a la solución fácil de endeudarnos y una década después no se observan cambios significativos en la estructura o diversificación económica, la resiliencia al cambio climático, el mercado laboral o la infraestructura social. Mientras la deuda aumentó casi 5 veces, el producto interno bruto (PIB) apenas aumentó 32%, lo que significó que la proporción deuda/PIB se haya casi cuadruplicado.
Las autoridades económicas deben ser capaces de garantizar la sostenibilidad de la deuda sin perjudicar los necesarios avances en las condiciones de vida ni trasladar la responsabilidad del repago hacia las generaciones futuras, quienes deberán enfrentar la agudización del cambio climático sin haberse beneficiado con los recursos de la deuda. En estos 10 años no han aumentado las capacidades y oportunidades de la niñez y adolescencia, quienes serán los responsables finales de pagar la deuda tal como se está planteando la política de endeudamiento.
