La economía subterránea está comprendida por todo tipo de operaciones económicas ocultas para evitar su medición y así evadir el pago de impuestos. Estas actividades pueden ser legales (trabajadores no cumplen con obligaciones o regulaciones) o ilegales (subempleo, falsificaciones, piratería, contrabando, etc.).
Sebastián Acha, director de Pro Desarrollo Paraguay, comentó que en el 2018 la economía subterránea llegó a USD 16.522 millones y representa un crecimiento del 42%, si se compara con los USD 11.652 millones reportados en el 2017. Aclaró que para obtener la nueva cifra se empleó el año base actualizado al 2014, del Banco Central del Paraguay (BCP).
Con sus nuevos parámetros, la banca matriz elevó el producto interno bruto (PIB) del 2018 a USD 40.967 millones, y esto impactó directamente en la informalidad, destacó el ex diputado. Añadió que la cifra de actividades clandestinas se traducen en un 40,3% del PIB y si se suman a los números formales, el PIB paraguayo podría rondar USD 57.489 millones, lo que hubiera hecho grandes diferencias a la situación actual de infraestructura y servicios del Estado.
Acha considera que muchos ciudadanos se niegan a declarar sus ingresos porque ven la baja calidad del gasto del aparato estatal. Sin embargo, apuntó a que si se sigue teniendo este pensamiento el ciclo improductivo va a expandirse peligrosamente, lo que repercutirá en mayor pobreza, subempleo, contrabando, baja calidad de educación, nutrición, vivienda, enfermedades, gasto en salud y, finalmente, en reducción de ingresos.
CONTROLAR EL GASTO. Para que los contribuyentes tengan mayor control de los desembolsos que hace el Estado, la organización desarrolló la herramienta informática llamada Reloj del Gasto Público (www.gastopublico.pro.org.py). En la plataforma se podrá observar el desglose de las erogaciones por segundo que hacen diferentes entidades y el gasto total en el 2018.
La idea es que los ciudadanos actúen de veedores y a la vez propongan que se investiguen datos u obras de otras instituciones, con el fin de plantear mejoras en el gasto. Como ejemplo, dijo que el año pasado se destinaron G. 81.453 millones en productos de papel y cartón para hacer gestiones oficiales, siendo que ya existe la firma digital que valida todos estos trámites.
Por otro lado, Acha aseveró que se tiene que optimizar el sistema de comercialización de energía eléctrica y apostar a utilizarla a nivel industrial en el país, dado que podría generar dos millones de nuevos empleos.
Preocupa la ampliación del déficit fiscal
Acerca del aumento al 3% del tope al déficit fiscal, solicitado por el Ministerio de Hacienda y aprobado días atrás en el Congreso, Acha manifestó que es preocupante pensar cómo van a gastar los recursos, recordando lo que sucedió hace una semana en la Cámara de Diputados, cuando los parlamentarios aprobaron incrementos innecesarios. Remarcó que es necesario el reajuste, pero no se observa compromiso ni interés para frenar el despilfarro.
“La necesidad es indiscutible, los libros dicen que aumentemos el déficit porque tenemos una recesión y debemos salir de ella. Pero tener un déficit para aumentar salarios, retribuciones, servicios no personales, no. Además, hay un endeudamiento de USD 600 millones para pagar parte de la deuda y no sabemos en qué se está utilizando ese dinero”, destacó.