Autores como el holandés Cas Mudde “Populismo. Una breve introducción, 2019” Anne Applebaum “El ocaso de la democracia: La seducción del autoritarismo, 2020” o el ya muy conocido “Cómo mueren las democracias, 2018” de Levistky y Ziblatt, dan cuenta de la atención a nivel mundial sobre este avance autoritario.
En América Latina, las transiciones democráticas confluyeron en la idea de un Estado garante de derechos, con amplias atribuciones (conferidas constitucionalmente) de intervenir activamente en el desarrollo social y económico de nuestros pueblos. Las sociedades en América Latina comprendieron esto y reivindican hoy, más que nunca, el acceso a derechos fundamentales, que les permitan un desarrollo humano digno.
En el caso paraguayo, como parte de la nueva institucionalidad democrática, la Constitución de 1992 da al Estado un nuevo rostro. Bernardino Cano Radil, ex convencional constituyente, lo explicaba muy bien “Estamos enrolando a nuestro país en la nueva concepción del Estado. Un Estado participativo, protagonista, que de ningún modo tiene un carácter autoritario sino restituidor de la libertad, de la justicia y de la equidad, en la sociedad a la cual todos pertenecemos”.
Los desafíos democráticos actuales, en nuestro país y la región, no se resuelven con menos Estado, sino al revés, con un Estado más efectivo en la resolución de las demandas ciudadanas, con mejor calidad de gasto público y reduciendo drásticamente los niveles de corrupción e impunidad. El acceso a una educación de calidad es un bien público fundamental para el desarrollo de ciudadanía, concepto sobre el cual se vértebra la democracia, ya que hace posible la formación de masa crítica que luego sea capaz de participar activamente y poner límites al poder.
Afortunadamente, expresiones multitudinarias, como las registradas hace unos días en nuestros países, dan cuenta de sociedades vivas, dispuestas a movilizarse por sus derechos y que entienden a la educación como un bien público y no como privilegio para unos pocos.
