La falta de gratuidad es uno de los determinantes más importantes de la exclusión en educación en Paraguay. Este problema es grave en un país en el que más de un tercio de niños, niñas y adolescentes viven en hogares en situación de pobreza y otro 50% en hogares que no están bajo la línea de pobreza, pero están muy cerca de esta y tienen altos niveles de vulnerabilidad. Ello lleva a que a partir de los 15 años, los adolescentes dejen el sistema educativo para trabajar y con ello contribuyen a la reducción de la pobreza en sus hogares.
Desde esta perspectiva, la reducción de la pobreza no es un mérito. Lo que está pasando es que un número significativo de adolescentes hipotecan su futuro al dejar de estudiar de manera temprana y terminan ocupados en trabajos precarios que los acompañan toda la vida, contribuyendo a la transmisión intergeneracional de la pobreza en el largo plazo. En este proceso, el bono demográfico se va perdiendo.
Un dato más que significativo es que el promedio de años de estudio de la población ocupada en Paraguay no llega a 10. Es decir, gran parte de la población que trabaja no concluyó el nivel medio. La edad de inflexión es la adolescencia, ya que entre los 12 y 15 años es cuando se verifica el mayor desgranamiento en el sistema educativo.
El escaso esfuerzo fiscal que realiza Paraguay se verifica en los niveles de inversión en educación con respecto al producto interno bruto y por alumno. Estamos por debajo de los estándares mínimos recomendados a nivel mundial y muy lejos de la inversión educativa de los países a los que les va un poco mejor en la región, como Uruguay o Chile.
La baja inversión pública en educación obliga a los hogares a destinar recursos propios o lo que se denomina gasto de bolsillo. En un país donde el 70% de las personas adultas que trabajan ganan menos que el salario mínimo y el 40% de los hogares tienen jefatura femenina, con la mayoría de las mujeres en empleos más precarios y de menores ingresos que el promedio. Es irreal pensar que los hogares puedan hacerse cargo de las deficiencias del sistema educativo.
Aun cuando la familia se haga cargo de parte de los gastos, sus posibilidades son bajas, considerando que la inflación está reduciendo persistentemente desde 2014 la capacidad adquisitiva de los ingresos laborales.
La provisión pública de útiles escolares apenas cubre el primer semestre. El sistema de transporte público es caro y malo. El calor está haciendo cada vez más difícil el aprendizaje, con una infraestructura que ya era inadecuada antes. Un paso adelante muy importante es la alimentación escolar si esta es de calidad y continua. Con hambre o mala alimentación no se aprende y sin recursos suficientes en el hogar es la solución que incluso los países desarrollados han implementado por esas y otras razones.
El debate sobre los problemas educativos no debe darse solo en los primeros meses del año. La niñez y la adolescencia necesitan y merecen una mayor atención y un consenso sobre una urgente y sustancial reforma que garantice universalidad, calidad y gratuidad.
