Con la excusa de una “mayor eficiencia” en el uso de recursos se han enterrado gestiones y procesos institucionales que se venían acumulando desde hace mucho tiempo con buenos, medianos y, en algunos casos, malos resultados, pero que le permitían al Estado paraguayo expandirse y tener presencia en áreas claves de desarrollo.
Este debilitamiento tiene implicancias profundas para el desarrollo sostenible, la equidad social y la gobernanza del país.
En gobiernos anteriores, la Secretaría Técnica de Planificación (STP) logró alcanzar niveles de visibilidad y protagonismo que le permitieron concentrar la atención de cooperantes internacionales en acciones de descentralización, el impulso de las políticas públicas a nivel local, regional y nacional mediante los planes de desarrollo, la promoción del Gobierno Abierto, una importante estrategia mundial de transparencia, acceso a información pública y rendición de cuentas, de la cual, el Estado paraguayo formaba parte activa, con el liderazgo de la STP.
En la STP se había conformado, y funcionaba, el Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), que había sido inicialmente pensando como un auténtico espacio de reflexión y colaboración público-privada, integrado por representantes de diversos sectores sociales.
El ENEP ha devenido hoy en un espacio sin ninguna relevancia y al que nadie presta atención, desdibujándose completamente su misión y convirtiéndose en un espacio legitimador de malas prácticas de este gobierno.
La eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) echa por tierra el esfuerzo de, al menos, diez años de procesos institucionales de consolidación e instalación de criterios de transparencia en la Administración Pública, en línea con mandatos y compromisos que el Estado paraguayo asumió en convenciones internacionales.
Con luces y sombras, e incluso, admitiendo fallas en el diseño inicial (la dependencia del órgano al ámbito del Ejecutivo), la idea de contar con un órgano rector de políticas anticorrupción debía ser defendida y mantenida, más aún, siendo un país que exhibe los peores resultados en cuanto a niveles de corrupción en toda la región y el mundo. Este vacío de liderazgo en la lucha contra la corrupción envía un mensaje de tolerancia hacia prácticas ilícitas y socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Según datos del Observatorio de Género del Ministerio de la Mujer, 217 mujeres fueron asesinadas entre 2019 y 2024, dejando como saldo lamentable un total de 410 niñas/os en situación de orfandad. La violencia contra las mujeres, cotidiana, flagrante, encuentra otra expresión pública en aumento, que es la violencia política.
La invisibilización actual del Ministerio de la Mujer y sus acciones afecta directamente los avances en igualdad de género y protección contra la violencia, áreas en las que Paraguay aún tiene desafíos significativos.
Sin políticas activas para empoderar a las mujeres, se perpetúan las brechas salariales, los roles de género desiguales y la falta de representación en los espacios de poder.
Finalmente, la eliminación de la Secretaría de la Función Pública, órgano rector que impulsaba las políticas del servicio civil, hoy absorbida también por el Ministerio de Economía y Finanzas, amenaza la profesionalización del servicio civil.
Un Estado eficiente y transparente requiere de funcionarios capacitados y seleccionados por méritos, algo que parece no interesar mucho a la gestión actual.
En un contexto como el paraguayo donde el Estado ya enfrenta desafíos estructurales, invisibilizar estas áreas equivale a desarmar herramientas esenciales para el progreso social.
Las políticas públicas deben ser integrales y participativas; de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar ciclos de desigualdad, debilidad institucional y descontento ciudadano.
Es momento de reflexionar sobre el impacto de estas decisiones en el tejido social y exigir un Estado que priorice la planificación, la igualdad de género, la lucha contra la corrupción y la profesionalización de su gestión.
Sin estas áreas, el futuro de Paraguay podría estar marcado por un retroceso en sus conquistas democráticas y sociales.
