Apenas se habilitó la postulación, la página web colapsó a raíz de la demanda y en los primeros tres días lograron inscribirse más de 2.000 personas, pero apenas 71 pasaron a la siguiente fase.
¿Por qué? Porque, en realidad, el programa está dirigido a personas de clase media, que adicionalmente deben cumplir con el perfil que imponen los bancos y financieras.
Aunque sin duda ofrece beneficios para un sector de la sociedad, al mismo tiempo amplía la desigualdad en el acceso a la vivienda, al excluir a las poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, ya que incrementa la desigualdad en el ejercicio de derechos.
Las personas que postulan deben estar formalizadas y, según el propio Gobierno, esta es una de las metas vinculadas al programa, trasladando así la responsabilidad al sector trabajador de forma individual y no a las empresas que están negando el derecho a sus empleados.
Además, este requisito se da en un contexto en que el empleo informal asciende al 60% en Paraguay y en medio de una precarización laboral que se fue reforzando especialmente luego de la pandemia del Covid-19.
El programa no ofrece viviendas en forma directa, sino acceso a créditos para comprarlas y a partir de ahí todo está condicionado a factores socioeconómicos de cada familia como si se tratara de un producto más del mercado y no de una política estatal.
Por ejemplo, el préstamo no puede superar el 40% de los ingresos y esto se va reduciendo a medida que las personas postulantes tienen otras deudas en el sistema financiero.
Es una exigencia difícil de cumplir porque el modelo de financiarización que se instala cada vez con más fuerza, obliga a la población a endeudarse para buscar su bienestar o supervivencia. El Estado traslada así su responsabilidad a la individualidad de cada habitante que recurre a créditos bancarios y usurarios para solventar sus gastos médicos.
La crueldad de este sistema se puede observar en su máxima expresión en los pacientes oncológicos que ya se endeudaron todo lo que podían, así como sus familiares ante la falta o insuficiente respuesta estatal.
¿Cómo debería ser una política habitacional? La arquitecta urbanista Melina Pekholtz dio una explicación amplia sobre el derecho a la vivienda en el pódcast Timore de Última Hora. No solo se trata de la infraestructura y del refugio que nos pueda dar en el desarrollo de nuestras vidas, sino también de cómo aporta el entorno.
En ese sentido debe haber servicio de transporte público en un radio de 1,5 kilómetros, escuelas cercanas, una unidad de salud familiar y espacios públicos para pasar en familia.
No es centrarse solo en la casa propia, sino en una diversidad de ofertas para toda la población y que además incluya las viviendas de alquiler, que de paso, no tiene regulación en el país.
Pekholtz plantea una interesante convivencia en programas que integren a familias de clase media y en situación de pobreza, dejando atrás el modelo de clasificación según el estrato social, que solo fomenta la creación de guetos, agravando así todos los problemas que ya sufren las poblaciones más vulnerables.
Mientras tanto, los escasos proyectos de viviendas sociales están muy lejos de cubrir la demanda. En Asunción, esta realidad se puede ver sobre todo en los bañados.
Los precarios refugios de terciada y plásticos no se pueden ocultar con la propaganda de Che Róga Porã, que da cuenta de que la discriminación promueve el propio Estado que asiste solo a un sector de la sociedad como un maquillaje en su deficiente gestión.
