La filantropía cartista

En su monumental Historia universal de la infamia, el irrepetible Jorge Luis Borges arranca su relato sobre las fechorías de Lazarus Morel, falso predicador, ladrón de caballos y asesino, que construyó su leyenda a orillas del Misisipi, recordando un hecho que revela la singular misericordia de un fraile católico, el Padre Bartolomé de las Casas. Refiere el bardo argentino que aquel sacerdote de los tiempos de la colonia “tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas”.
De acuerdo con Borges, a esa “curiosa variación de un filántropo” se deben todos los acontecimientos atroces y felices que provocaron a la largo de los siglos aquella migración masiva y forzada de hombres y mujeres africanos a las Américas, entre ellos la existencia del bribón de su relato. Salvando abrumadoras distancias, algunos integrantes de la honorable Cámara Baja me recordaron en estos días esa filantropía curiosa sobre la que ironizó el más universal de los argentinos.

Resulta que los mismos legisladores que se pronunciaron hace unas pocas semanas en contra de aumentar en dos puntos la tasa del impuesto que graba la venta de cigarrillos para financiar el tratamiento de enfermedades derivadas de su consumo –porque consideraron la medida una burda persecución política en contra del principal tabacalero del país y la región– proponen ahora cobrar peajes a los motociclistas y tasas adicionales a la comercialización de estos biciclos para financiar el tratamiento de quienes se accidentan con la moto.

De acuerdo con esta notable distribución de responsabilidades, quien fabrica o vende un medio de transporte como las motocicletas merece una mayor carga tributaria que quien produce o comercializa una droga legalizada cuya única función es satisfacer un vicio altamente insalubre. Si penalizamos impositivamente al primero es una persecución política, si lo hacemos con los segundos es una cuestión de justicia social.

Estos mismos políticos –que por mera casualidad forman parte de la cofradía del atribulado tabacalero, blanco permanente del hostigamiento periodístico y del Departamento de Estado de los Estados Unidos– consideran razonable aplicar tasas y peajes a todo aquel que se compre o circule en una motocicleta porque estas personas saben perfectamente que al hacerlo corren el riesgo de accidentarse. Son claramente culpables de adquirir un medio de transporte barato e inseguro, en vez de comprarse un auto deportivo o una camioneta todoterreno o utilizar medios mucho mas eficientes y confortables como los colectivos, el metrobus o el tren de cercanía.

Siempre será más lógico –de acuerdo con nuestros filántropos republicanos– obligar a los consumidores de motos a financiar los tratamientos médicos de quienes se accidenten que pretender que los tabacaleros y fumadores aporten mas fondos para cubrir el tratamiento de enfermedades oncológicas, respiratorias y cardiacas provocadas por el consumo de cigarrillos.

Siguiendo este mismo razonamiento, quien fabrica o compra un arma de fuego tiene el mismo nivel de responsabilidad moral y tributaria que quien produce o adquiere un cuchillo de cocina. Sabemos que una pistola, un revolver o un fusil es una maquina construida para producir un daño; herir o matar. Nadie la compra para arreglar zapatos. Pero, un cuchillo de cocina también puede herir o matar. La racionalidad republicana nos dice pues que, aunque el industrial estuviera pensando en cómo cortar con eficiencia la carne o el pan y el consumidor en completar el ajuar para el asado, ambos son impositivamente tan responsables como el creador de los misiles.
En definitiva, solo puedo decir que el oficialismo tiene razón cuando dice que este debate es político. No porque subir mínimamente el impuesto a los cigarrillos sea una persecución política, sino porque rechazarlo y proponer disparates alternativos al estilo de Bartolomé de las Casas solo se explica políticamente, recordando que quien financió a los proponentes del delirio es uno de los mayores tabacaleros del mercado negro del mundo.