El comunicado recuerda que la Seprelad es la única institución que supervisa esta actividad en el país, y por más que los miembros de la Fintech cuenten con toda la documentación que exige dicha institución, de igual manera la referida unidad fiscal exige la presentación de documentos y/o trámites inexistentes, presionando de manera extorsiva para no incautar equipos informáticos.
Fernando Arriola, líder de la Vertical de Blockchain, indicó que muchos de los problemas para el funcionamiento de estas empresas se originan en la falta de un marco regulatorio que las rija y proteja la actividad. “Entonces, la Unidad fiscal se escuda en este hecho para intervenir y aprovecharse de la situación. Los mineros de CDE son flancos fáciles, por ser empresas venidas del extranjero, desconocen las leyes nacionales, y llegan a instancias extorsivas, que les meten miedo y optan por irse del país”, dijo Arriola.
Ante la urgencia de contar con una normativa, Arriola comentó que están buscando que el Ejecutivo promulgue el proyecto de ley aprobado en el Parlamento, para que por fin cuenten con un marco legal que regule la actividad.