Señalar parcialidad a favor de un grupo partidario por parte del Ministerio Público, ignorando su rol y sus funciones, se basa en hechos, denuncias y situaciones que son observadas y evaluadas por la propia ciudadanía.
Una serie de videos filtrados mostraron hace días el ingreso de camiones con mercaderías desde la Argentina, el 12 de junio de 2021, ante la atenta presencia de militares y policías. Las imágenes muestran que las patrulleras llegaron al sitio tiempo después de que los camiones hayan cruzado con las mercaderías, y complican al comandante de la Armada, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, del sector abdista, quien sostuvo que se dejó pasar para no usar armas contra los civiles. La fiscala general decidió abrir una causa, designando a fiscales apenas unos días de conocida la filtración de los videos.
Sin embargo, cuando salió a la luz pública la supuesta existencia de irregularidades con relación al diputado cartista Erico Galeano, involucrado en la venta de una vivienda a una persona vinculada en el Operativo A Ultranza, el Ministerio Público recibió un informe sobre 12 cuentas bancarias que el legislador omitió en su declaración jurada. Hasta el momento no se había designado un agente fiscal para el caso. A la Seprelad alertó asimismo una transferencia por USD 2,5 millones al ex presidente Horacio Cartes realizada el año pasado. Eso tampoco se ha investigado.
Otro político cartista que todavía no ha sido imputado por la Fiscalía es el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, denunciado en octubre del 2021 por sobrefacturación, tras haber autorizado la compra de toallitas desinfectantes a un precio unitario de G. 259.600 y detergentes desinfectantes a G. 393.800 cada uno y detergentes desinfectantes en pulverizador a G. 221.650, en plena grave crisis de la pandemia.
Mientras se acumulan las sospechas y la indignación, en la Cámara de Diputados no se logra reunir los votos necesarios para llevar a cabo el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. La diputada liberal Celeste Amarilla explica esta situación, tras el bochorno en plena sala de sesiones de la semana pasada, al hecho de que hay diputados procesados por la Fiscalía, que tienen sus casos “cajoneados” con Sandra Quiñónez, y temen que al ser expulsada ella de la Fiscalía General del Estado se reanuden sus causas.
Todos estos casos muestran la parcialidad manifiesta de la Fiscalía con ciertos sectores políticos y los privilegios que esta concede; contradiciendo su ley orgánica, que señala que debe procurar que los hechos punibles de acción penal pública no queden impunes, que la sociedad conozca las penas impuestas y que estas sean un medio eficaz para la protección de los bienes jurídicos, para la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad.
La Fiscalía tiene una fundamental obligación para con la sociedad, de mantenerse prescindente de involucrarse en las cuestiones político-partidarias. La Justicia, si no se mantiene imparcial, equilibrada y ecuánime, no será nunca Justicia. La Fiscalía debería estar por encima de todo tipo de intereses.