Según considera la Fiscalía, el plazo de los seis meses más es suficiente para realizar el análisis financiero, tanto para el hecho punible de usura como para el de lavado de dinero, de acuerdo con lo referido por el fiscal Osmar Legal, quien lleva el caso junto a la fiscala Liliana Alcaraz.
ESQUEMA DE USURA. Ramón González Daher está en la mira del Ministerio Público desde agosto del 2019, cuando el entonces fiscal René Fernández allanó la inmobiliaria Príncipe di Savoia SA, del ex senador Óscar González Daher y que tenía como socio a RGD y al hijo de este, Fernando González Karjallo.
Tanto el ex legislador y todo su clan habrían realizado operaciones cuando menos dudosas, inclusive ilícitas, oportunidad en se descubrió que Ramón también operaba como presunto usurero.
En noviembre del 2019 fueron imputados padre e hijo, Ramón y Fernando González, haciendo lugar a las denuncias de Juan Eugenio Planás y Julio Adolfo Mendoza.
Planás, de la firma Emprendimiento y Business SA, había realizado préstamos bancarios para la construcción de una fábrica. Al no poder abonar en fecha las cuotas, ya no tuvo acceso a créditos, por lo que recurrió a préstamos de RGD, cuyos intereses ascendieron a cerca del 100%, mayor a lo que establece el BCP, del 40%. Planás fue denunciado por RGD, pero en el 2019 se le absolvió, en un juicio, de reproche y pena.
En el caso de Julio Mendoza, también su prestamista fue el hermano del ex senador, y le entregó cheques precitados en garantía, con lo cual fue denunciado en el 2018 e imputado por estafa.
La sospecha más grande de la Fiscalía es que con los préstamos que realizaba el ex dirigente del Sportivo Luqueño obtenía ingresos sumamente elevados solo por el cobro de intereses, lo cual fue reconocido en su momento por Ramón ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Sin embargo, “omitió brindar información de que se dedicaba como prestamista”, según la Fiscalía.
De acuerdo con sus declaraciones juradas, entre 2013 y 2018, Ramón González Daher tuvo un incremento del 66% de su activo, es decir, G. 205.000 millones, que informó que acumuló con el cobro de alquileres.
De ese incremento solo declaró el IVA del 11%; del resto nada y la Fiscalía presume que ese 89% provendría del cobro de intereses.
En solo ocho meses se conoció el doble de denuncias
Solo hasta el año pasado, la Fiscalía manejaba datos de 227 denuncias por estafas promovidas por Ramón, valiéndose de los cheques precitados que usaba contra sus presuntas víctimas en distintas sedes del Ministerio Público. Sin embargo, hacia finales de julio se descubrió que en realidad la cantidad era de 507 denuncias.
Se conoció que, inclusive, estando preso en la Agrupación Especializada, realizó diez denuncias contra personas que serían víctimas de usura también.
En caso de comprobarse estos hechos contra Ramón y su hijo, su pena privativa iría entre tres a diez años por usura; mientras que para lavado de dinero, se expone a cinco años o multa.