La historia de Salvador Alejandro Llinas Onate parece salida de una película de acción: un ciudadano español envuelto en un audaz esquema de fraude que huyó de Europa para comenzar una nueva vida en las sombras de Taiwán. Acusado de vender de manera ilegal más de mil autos de alquiler, Salvador Alejandro se hizo de una fortuna de 30 millones de euros mientras las autoridades europeas activaban una alerta roja en su contra. Pero Salvador, escurridizo y astuto, logró llegar a Taiwán, un destino fuera del alcance de la cooperación internacional debido a la exclusión de este país de Interpol. Bajo esta capa de anonimato, construyó un imperio de negocios, incluyendo elegantes restaurantes en Taipéi, mientras la justicia lo buscaba incansablemente en otra parte del mundo.
Para 2021, Salvador Alejandro había establecido residencia permanente en Taiwán, burlando a las autoridades internacionales desde su trinchera segura. Allí, como en las mejores tramas de suspenso, fue acumulando poder y recursos, blindado por la falta de comunicación entre Interpol y Taiwán. Sin acceso a la red de alertas internacionales, las autoridades taiwanesas desconocían que albergaban a uno de los fugitivos más buscados de Europa. La situación tomó un giro inesperado cuando, recientemente, tras años de silencio, las autoridades taiwanesas descubrieron la verdad sobre su huésped clandestino y, en una operación en coordinación con las naciones afectadas, ejecutaron su deportación a la Unión Europea el 20 de octubre de 2024.
Esta dramática odisea de Llinas Onate no solo representa una victoria de la justicia, sino que subraya con dureza una brecha en la cooperación internacional: la exclusión de Taiwán de Interpol. Durante años, esta falla permitió que un criminal buscado se escondiera a plena vista. Taiwán, impedido de acceder a las alertas de Interpol, no pudo responder a tiempo, dando lugar a un agujero negro en la seguridad global, un refugio inadvertido para el crimen internacional. Si Taiwán hubiera sido parte de Interpol, el desenlace habría sido muy distinto, y la captura de Salvador Alejandro Llinas Onate habría sido mucho más rápida y efectiva.
Esta historia exige la inclusión de Taiwán en Interpol. La seguridad internacional no debería depender de consideraciones políticas; el bien común requiere cooperación. Es imperativo que todos los países tengan el derecho de proteger a sus ciudadanos y colaborar con otros gobiernos. En este caso, la participación de Taiwán en Interpol no solo beneficiaría a su población, sino que fortalecería la red global de seguridad. Ha llegado el momento de cambiar este vacío, de permitir a Taiwán su justo lugar en la lucha contra el crimen transnacional, y de garantizar que historias como la de Salvador Alejandro Llinas Onate nunca vuelvan a ocurrir.
La cooperación en seguridad pública es un derecho universal que todos los gobiernos deberían garantizar a sus ciudadanos. Negar a Taiwán acceso a Interpol crea un vacío que impide a los ciudadanos taiwaneses beneficiarse de los sistemas de alerta y coordinación internacional para amenazas importantes. Esto contradice el objetivo de Interpol de promover la paz y la seguridad mundial sin discriminación.
Es injusto y arbitrario que la intervención política de China siga impidiendo la justa participación de Taiwán en Interpol, privando al mundo de la posibilidad de cooperar con Taiwán en la lucha contra el crimen transnacional. ¡Ha llegado la hora de un cambio!
