Según este singular relato, nuestra militancia socialista queda en evidencia cuando coincidimos vergonzosamente con la OTAN o nos subordinamos a los intereses crematísticos de la industria farmacéutica. O sea, cuando consideramos válidos la asistencia a Ucrania ante la invasión rusa o el uso perverso de vacunas para curar o prevenir enfermedades. Siguiendo esta misma lógica, ser de derecha es justificar a Vladimir Putin, celebrar el avance comercial de la China unipartidista y totalitaria o considerar más peligroso al Gobierno francés que al régimen norcoreano o a la teocracia iraní.
En medio de este maremagno de ideas contradictorias y delirantes, emerge como presunta causa principal de los libertarios la defensa de la soberanía. Podría incluso coincidir con ellos si supiera qué entienden realmente por soberanía.
Veamos. De acuerdo con la literatura tradicional, la soberanía es el ejercicio de la autoridad que se ejerce sobre un determinado territorio; autoridad que recae sobre quienes pueblan esas tierras y que se ejerce a través de representantes electos por ellos mismos bajo el mandato de obrar en beneficio de todos. Siendo así, la soberanía se pierde cuando un tercero ejerce su autoridad sobre ese lugar o cuando las autoridades electas dejan de responder a los intereses de quienes los eligieron.
La experiencia latinoamericana me dice que hoy el problema principal en la región no es que otros gobiernos metan su cuchara en el nuestro, sino que los que elegimos dejen de responder a nuestros intereses y se concentren exclusivamente en los suyos. Es lo que viene ocurriendo en el Paraguay desde hace más o menos tres cuartos de siglo, una progresiva degradación de la soberanía como consecuencia de la implantación de un modelo de clientelismo político, en el que la mayor parte de las acciones de nuestros representantes tienen por fin el reparto del dinero de los contribuyentes entre burócratas, padrinos políticos y financistas de campaña, no la solución de los problemas de quienes los eligieron para resolverlos.
Esto explica los resultados catastróficos de las diferentes políticas públicas diseñadas y ejecutadas por un Estado sobre el que sus contribuyentes perdieron soberanía. El objetivo principal de las políticas de salud, por ejemplo, nunca fue garantizar asistencia médica, sino asegurar cargos y licitaciones a correligionarios, amigos, parientes y socios comerciales. Lo mismo sucede con las políticas de educación, los proyectos de infraestructura y prácticamente cualquier acción promovida por el Estado.
Puede que cada tanto el efecto colateral sea la resolución parcial o temporal de un problema específico, pero no fue esa la motivación principal de quienes votaron y administraron la acción.
Este desgaste de la soberanía se agravó en las últimas décadas con la irrupción de un jugador infinitamente más peligroso, la mafia. Bandas criminales que, en principio, sobornaban funcionarios o financiaban elecciones para asegurarse impunidad y protección, se volvieron más temerarias, hasta que finalmente decidieron ocupar directamente los cargos electivos. Después de todo, merced al modelo de clientelismo político, impuesto por los republicanos y sus émulos de la oposición, lo único que se necesita para ganar elecciones es repartir dinero, un recurso que tienen en abundancia y que se multiplica cuanto mayor es el control que ejercen sobre el Estado.
Esta es hoy nuestra realidad. Así pues, suponer que el mayor riesgo para nuestra soberanía está en gobiernos extranjeros o en organizaciones multilaterales y no en este matrimonio monstruoso entre mafia y Estado no puede ser una teoría de socialistas o conservadores, de izquierda o de derecha, sino simplemente de imbéciles.
