El ex titular de la Dinac, Édgar Melgarejo Ginard, y otros cuatro procesados fueron sobreseídos por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, tras anularse la acusación por falta de indagatoria previa. Esto equivale a decir que, por un error de la Fiscalía, el caso conocido como los “tapabocas de oro” puede quedar impune. Un caso más en el que la Justicia paraguaya permite que un hecho de posible corrupción pública no reciba condena y supone una vergonzosa manera de seguir socavando las bases de nuestra institucionalidad.
Con la decisión tomada por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, debemos lamentar un nuevo caso de posible corrupción pública en el que los funcionarios señalados quedarán sin ser juzgados. La decisión del Tribunal se debe a un grave error fiscal.
Además del ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo Ginard, otros cuatro procesados también fueron sobreseídos definitivamente. El principal argumento esgrimido para tomar esta decisión fue que la Fiscalía cambió los hechos imputados en la acusación que presentó, por lo que no se dio la oportunidad a los procesados para prestar declaración indagatoria.
De acuerdo con el acta de imputación del 30 de abril del 2020, los encausados habrían adquirido, el 27 de marzo del 2020, por compra directa vía excepción, tapabocas de la firma Proyectos Global SA, por un precio superior al del mercado, por lo cual hubo un perjuicio patrimonial de G. 59.960.000. Los acusados prestaron declaración por la supuesta sobrefacturación en la compra de los tapabocas, con el mencionado perjuicio patrimonial. Sin embargo, tras la preliminar, el fiscal se allanó a una suspensión condicional del procedimiento, con lo que la jueza le dio el trámite de oposición; con esto, la Fiscalía acusó a todos porque el 31 de marzo del 2020, en los almacenes de la Dinac, recibieron 4.000 tapabocas de la firma Proyectos Global SA, del modelo CG 301, y no del modelo adquirido CG 421, por lo que existió un perjuicio patrimonial de G. 119.960.000.
De esta manera, esta variación de los hechos, ya que no se habló de sobrefacturación, sino de que eran otros tapabocas, diferentes del monto del perjuicio, además de las fechas diferentes, hizo posible que todos los responsables en este caso de presunta corrupción pública durante la pandemia del Covid-19 quedaran libres de cargos.
En este caso concreto se menciona un daño patrimonial de G. 119.960.000 por la compra sobrefacturada de tapabocas; sin embargo, los efectos del daño que hace la Justicia a la institucionalidad de la República es inconmensurable.
Ciertamente, Édgar Melgarejo, el ex titular de la Dinac, había presentado su renuncia al cargo ante el escándalo de las presuntas sobrefacturaciones, y aunque en el año 2023 el ex funcionario fue declarado como significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos, finalmente ha quedado libre y no sería una sorpresa si en algún momento vuelve a ocupar un cargo de responsabilidad.
Muy recientemente, otro sonado caso, esta vez resultado de una investigación de Última Hora conocida como el caso de los “caseros de oro”, también culminó con impunidad.
En febrero de 2017, un equipo periodístico de Última Hora corroboró durante semanas que tres personas empleadas por el parlamentario colorado Tomás Rivas cumplían tareas particulares, pero cobraban mensualmente en la Cámara Baja. El ex diputado colorado fue sobreseído definitivamente, pues el Tribunal dictaminó que el daño ya fue reparado mediante un acuerdo entre el político y la Procuraduría General de la República; sus caseros, sin embargo, sí habían sido condenados, aunque con penas mínimas.
La impunidad en casos de corrupción pública, incluso en medio de una pandemia que hizo temblar las fortalezas de nuestra civilización, no solo es reprobable, sino que muestra la falta de escrúpulos y los niveles de deshonestidad a los que puede llegar nuestra clase política. Esta repetida impunidad de la Justicia destruye lentamente la institucionalidad de la República y el mismo sistema democrático.
