Por eso, al recorrer sus pasillos, muchas veces se dan conversaciones informales. En una de ellas, un abogado expuso la teoría de la “imputación por racimo”, que aplica, según dijo, el Ministerio Público para todas las causas mediáticas, donde existe un perjuicio patrimonial contra el Estado o aquellas de crimen organizado y narcotráfico.
Pese a los años en la facultad, y mi tiempo en los pasillos tribunalicios, confieso que nunca escuché esa teoría. Así que, de buena gana, me dispuse a escuchar y aprender, ya que el abogado me parecía una persona seria y profesional. Como siempre digo, todos los días se aprende algo nuevo.
Ya con el auditorio presto y atento, comenzó: “Mirá, te explico. En este tipo de casos, los fiscales presentan imputación contra varias personas, más de 20. A veces, 30 inclusive. En ellas, no importa si estas personas participaron o no del hecho punible, sino que lo que se quiere es causar un fuerte impacto en ellas, ya que son sometidas a un proceso penal donde pueden ser condenadas”.
Ante mi atenta mirada, interesado ya de sobremanera, continuó su alocución: “Es más, el objetivo principal de este tipo de imputaciones es ‘pescar’. Es decir, que alguno de los procesados busque algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público, a cambio de una salida procesal favorable en la causa”.
“Para lograr esto, por supuesto, deberá contar todo lo que sabe o acusar al principal objetivo del caso: Una autoridad del Estado, el ‘pez gordo’, que se encuentra entre los imputados. Con esto –como no se tenía nada en contra del que pide el acuerdo, ya que solo fue incluido sin motivo–, se solicita una salida favorable“, indicó ante mi sorpresa.
Al ver mi cara de asombro, continuó cual catedrático universitario que expone una teoría inédita: “Por lo general –argumentó–, el fiscal solicita una suspensión condicional del procedimiento ante el juez. A veces, incluso un criterio de oportunidad, con lo que finalmente se tienen ‘testigos’ del hecho”.
“Con este método, al final solo llegan al juicio oral el pez gordo, que siempre será la principal autoridad acusada, con uno o dos procesados más, de los 20 o 30 imputados en principio. Es más, varios de ellos son los testigos en el juicio, ya que tuvieron salidas procesales”, aseguró con un aire de quien tiene la razón.
Ante tales argumentos, le dije que no creía que los agentes fiscales hiciesen esto en las causas penales. Incluso, traté de convencerlo de que no podía ser que el Ministerio Público recurriera a estas tretas tan bajas en sus casos penales.
Sin embargo, para sostener mejor su teoría de la imputación en racimo, indicó: “Con este método, los agentes van logrando condenas que, por supuesto, aumentan su fama, y van mejorando su imagen ante la opinión pública, ya que persiguen y condenan a las autoridades corruptas”.
Como corolario de esta conversación, dio incluso ejemplos de varias causas para decir que su teoría se cumple perfectamente. Uno por uno, fue citando procesos contra ex ministros, directores de entes públicos, gobernadores, intendentes, casos de narcotráfico, secuestros...
Ante tantos ejemplos, lo único que pude hacer es callarme. Es que los procesos que citó se correspondían perfectamente con la realidad.
El profesional, cuya identidad no quiero revelar para evitar alguna represalia, al final me dejó esta reflexión: “Los fiscales usan a inocentes para atrapar a los peces gordos. La mayoría no está metida en el caso, sino que solo son parte de la imputación en racimo, donde alguno pueda declarar cualquier cosa, para evitar una condena, que es la amenaza de los agentes”.
“De esta manera –siguió–, en realidad, son inocentes los que son imputados por los fiscales, sin ningún tipo de evidencia, con tal de causar impacto mediático, y asustar a las personas para que alguno hable. Ellos disparan contra todos...”.
Al final de la instructiva charla, quedé pensando en otra teoría que sí estudié, de un tal Maquiavelo, que creo que estaría feliz de que haya gente que aplique sus enseñanzas.
