Aunque hay opiniones dispares en el propio oficialismo colorado, las diferencias son superficiales y todo apunta a que la indignación de los diputados que pidieron la cabeza del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía, Carlos Benítez, se irá disipando.
El continuo reclamo ciudadano es que las autoridades sospechosas de cometer crímenes y delitos respondan ante la Justicia, no que se los ejecute. Según la imputación que se desprende del operativo Pavo Real, sobran argumentos en contra de Lalo Gomes, su hijo y otros colaboradores.
¿Por qué allanaron su vivienda de madrugada? Hasta ahora se desconoce si el diputado habría empezado los disparos que justifiquen la reacción de los policías que lo balearon, una versión que ni el comandante de la Policía pudo esclarecer.
La oposición habla de una posible quema de archivo porque su caso podría salpicar a otros personajes más poderosos, teniendo en cuenta los extensos tentáculos del crimen organizado.
Lo extraño es que el gobierno cartista haya procedido de esta manera contra un diputado también cartista en un contexto en que el movimiento suele respaldar fuertemente a sus legisladores, como el caso de Erico Galeano, quien está procesado por lavado y asociación criminal.
La investigación contra Erico empezó incluso antes de las elecciones, pero Honor Colorado siguió apoyando su candidatura y usó su influencia en la Justicia para que pueda jurar y ocupar su banca. Apenas tuvo arresto domiciliario por la causa en la que se lo acusa de lavar dinero del narco Sebastián Marset y de prestarle su avioneta para planificar el tráfico de drogas.
Con todos estos antecedentes, aparecieron puras dilaciones para avanzar en la investigación y si bien fue elevado a juicio oral recientemente, hay poca confianza en el Poder Judicial, que tiene en puestos claves a personas cercanas a Horacio Cartes.
La diferencia en el trato que recibieron ambos legisladores –uno asesinado y otro espléndido en su banca– puede deberse a que Lalo Gomes es un aliado coyuntural del cartismo. Anteriormente estuvo con el movimiento Colorado Añetete, liderado por Mario Abdo Benítez, recién después de las internas coloradas, cuando se confirmó la victoria del cartismo, se volcó hacia el ganador.
Este es el análisis del investigador y criminólogo Juan Martens, quien viene estudiando desde hace varios años cómo permea el narcotráfico en la política, pero con la investigación que rodea a la familia Gomes, considera que está confirmada además la infiltración de la mafia en las altas esferas del Estado.
Aunque ostentaba un gran poder en la frontera, donde construyó un liderazgo político hace años a través de la dirigencia de la Asociación Rural del Paraguay y de un club deportivo local, no fue suficiente para una protección político-partidaria.
Aunque ya no sean sospechas los delitos que se le atribuyen, sino puras obviedades, Paraguay cuenta con normativas para procesar a personas ligadas al narcotráfico y trámites adicionales cuando se trata de parlamentarios. El cuestionamiento va por la forma desmedida en que reaccionan las fuerzas de seguridad y por el nefasto precedente que estos dejan al matar a un diputado que ya no gozaba de la empatía de su sector político. ¿Qué garantías tiene ahora cualquier legislador opositor?
Mientras tanto, Santiago Peña cede a los caprichos de su líder, aunque esto signifique caer en incoherencias o en una inestabilidad institucional.
