Óscar Denis fue llevado el 9 de setiembre de 2020, desde su estancia Tranquerita; fue gobernador de Concepción, senador, y había ocupado el cargo de vicepresidente de la República entre 2012 y 2013, nombrado por el Congreso; en el momento de su secuestro, ya se encontraba retirado de toda función pública.
Si bien se reconoce la voluntad por parte del Ministerio del Interior, la Fuerza de Tarea Conjunta y el Ministerio Público, sin duda, se esperan más acciones para encontrar al secuestrado. Uno de los principales cuestionamientos de la familia es la falta de continuidad en los trabajos investigativos durante los últimos cuatro años. “Vemos que hay una falta de seguimiento, porque se hacen cosas, después hay cambios y no hay continuidad. “Papá había recibido una llamada ese día de un personal, de un contratista. No se hizo seguimiento con el celular; hay cables sueltos, historias que se pierden”, reflexiona una de las hijas Denis. Su familia cuestiona también la falta de uso de herramientas tecnológicas para hallarlo.
La sensación de miedo no abandona a ninguna de las familias de los secuestrados por el EPP, y todas tienen en común eso que admitió un familiar del ex vicepresidente: “Siempre queda esa sensación de que se pudo haber hecho más”.
Este mismo pensamiento se aplica para el otro caso; en concreto se trata del secuestro más largo en nuestra historia, el del suboficial Edelio Morínigo, capturado por el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, hace ya una década. El suboficial había sido secuestrado por integrantes del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo en una zona boscosa de la estancia Macchi Cué, en Arroyito, Concepción. Se encontraba de caza con un grupo de amigos cuando los tomaron de rehenes, para luego liberar a todos menos a Edelio. Sucedió el 5 de julio de 2014, hace diez años.
El Estado paraguayo también le falló a Félix Urbieta, quien ya lleva ocho años de plagio. Olvidados por todos los gobiernos, son tres los compatriotas que no han hallado justicia: Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis; ninguno de ellos ha sido hallado ni siquiera con los enormes recursos que se ha asignado a una Fuerza de Tarea Conjunta. Tres paraguayos desaparecidos en plena democracia representan, sin lugar a dudas, el gran fracaso de la política de seguridad. El Gobierno tiene no solamente la obligación de esclarecer estos casos, sino sobre todo la obligación moral de dar respuestas a las familias y a los demás paraguayos y paraguayas. Que en plena democracia, el Paraguay todavía siga teniendo desaparecidos es una infamia.
Se debe enfatizar que los grupos criminales que operan en el Norte del país han mostrado una particular crueldad y falta de misericordia al no responder las súplicas de los familiares y los insistentes reclamos. Sin embargo, nada de esto puede ocultar ni justificar la ineficiencia de las autoridades, las que disponen del dinero público para sostener la costosa estructura de la FTC en la zona por tantos años, sin que hayan presentado resultados.
Finalmente, queda en evidencia que la estrategia implementada por las fuerzas de seguridad no ha dado resultados, pues los grupos criminales armados en la zona Norte siguen vigentes y continúan afectando la calidad de vida de las comunidades de la zona.
