La situación de inseguridad que afecta en forma cotidiana a toda la población es ya insostenible. Uno de los últimos casos afectó a un joven que fue herido de bala cuando huía de dos motochorros. La víctima permanece en estado delicado tras haber sido sometido a una cirugía de ocho horas, y como dijo su desconsolada madre: “¿Cómo podemos vivir así, yo como madre digo, mi hijo cómo va a salir ahora a trabajar, con ese miedo no va a poder salir, él tiene que estudiar, sale de la facultad a las 11:00 de la noche, hasta en eso le perjudica muchísimo de la nada”.
Los casos de delincuencia se suceden sin pausa y acaparan los titulares de los medios. Delincuentes asaltan una frutería en Pedro Juan Caballero; asaltantes encapuchados y portando pistolas asaltan una estación de servicio en Minga Guazú; en Asunción, tres delincuentes asaltan con armas de fuego; y las denuncias de asaltos callejeros por la acción de los motochorros son interminables.
De esta manera, mientras los paraguayos y paraguayas soportan impotentes esta situación, las autoridades del Gobierno no parecen tener planes o estrategias para enfrentar el delicado momento que vivimos.
El ministro del Interior, Enrique Riera, mantiene sus planes meramente de control y represivos. En este sentido, manifestó que se sigue aguardando por el egreso de más personal policial para cumplir con las tareas de prevención, y agregó que antes de marzo del próximo año habrá 1.800 agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas, recorriendo las calles.
Hay problemas estructurales, sin embargo, que las autoridades deben tomar en consideración. Una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mostró como resultados que, quiénes protagonizan los delitos registrados en Asunción y Central, son niños y jóvenes. Nueve de cada diez hechos de violencia son cometidos por jóvenes menores de 25 años.
Otro dato más reciente de la Policía Nacional indica que en Asunción hay 24.000 jóvenes consumidores, de los cuales 20.000 tienen menos de 25 años. Muchos de estos son quienes protagonizan los hechos de violencia urbana cuando requieren una dosis.
Este es un problema que sin lugar a dudas no se resolverá con represión o barreras en las calles, pues es bien sabido que nuestro país no solo no cuenta con centros de atención para personas adictas sino que fundamentalmente no tiene políticas públicas de salud para la atención de estas cuestiones.
Las respuestas del Estado deben ser formuladas en forma de planes y estrategias.
Las autoridades electas y los funcionarios públicos deberían tener una visión amplia de la situación que se vive a nivel país. Ellos deben gobernar con datos, y a partir de esta información encontrar las respuestas.
Solamente con más linces y policías armados patrullando las calles no se podrán resolver los agudos problemas sociales que afectan a la mayoría de la población. La realidad es que no se trata solamente de la falta de empleo digno, o acceso a la salud y la educación, se trata en general de la falta de oportunidades para los niños y los jóvenes de este país.
Según el Atlas de la Violencia e Inseguridad, más de la mitad de la población ha sido víctima de la delincuencia criminal y solo cuatro de cada diez afectados deciden denunciar el hecho, porque no confían en las instituciones: ni en la Policía, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial, porque consideran que todas están afectadas por la corrupción, y por eso no cumplen su función. Esta debería ser otra de las prioridades: recuperar la confianza y la credibilidad.
