A duras penas y luego de polémicas, los diputados conformaron las comisiones de investigación para analizar las denuncias de corrupción contra varios municipios, aunque la disputa real de poder se concentra en uno: Ciudad del Este.
No fue fácil porque aquí no hay blancos ni negros ni cartistas versus abdistas. Aquí el trasfondo de la indefinición es la protección política de una corporación cuya base popular radica en los municipios. El diputado está sentado en su banca, en gran medida, gracias a su alianza electoral con los intendentes, una simbiosis electoral que se convierte en pacto de protección.
El titular de la Cámara, el ex cartista devenido al abdismo, Miguel Cuevas, juega su propio partido. Está acusado de numerosas irregularidades como gobernador y es la tapa preferida de los medios cartistas que no ven corrupción en otras comarcas, como Alto Paraná, porque el clan Zacarías está bajo su protección. Cuevas está en un brete por la montaña de denuncias en su contra y eso dificulta la postura de sus aliados políticos. No puede jugar al censor, porque tiene techo de vidrio. De ahí su “excesivo celo” para motorizar el tema.
PASOS LEGALES. La intervención de un municipio tiene sus reglas y es un proceso largo y azaroso. Una de las causales es la solicitud de la Junta Municipal. En caso de aprobación, el pedido va al Ministerio del Interior, que debe comprobar las documentaciones. Si todo está en regla envía a la Cámara de Diputados que debe integrar una comisión especial dentro de los seis días hábiles. Tras la integración de la comisión de investigación, esta debe expedirse en 15 días. Posteriormente, la Cámara decide en plenaria. La intervención requiere mayoría absoluta (41 votos). En caso afirmativo, el Poder Ejecutivo decretará la intervención y designará al interventor, quien deberá elevar el dictamen de su auditoría, que se pondrá nuevamente en manos de Diputados, que definirá a destitución también por mayoría absoluta.
Hoy están bajo investigación 6: Ciudad del Este, Limpio, Santa Rosa del Aguaray, Ñumí, La Colmena y Mbocayaty del Yhaguy. Unas coloradas y otras liberales. Malversación de fondos y uso indebido de fondos de Fonacide son las acusaciones comunes.
Un informe reciente señala que de 245 municipios, apenas 98 rindieron cuentas sobre Fonacide. Y en cuanto a los royalties repartidos, el caso es aún peor. Dinero que va a parar al bolsillo sin ningún pudor.
Otro municipio entró en disputa, Concepción, que ya tiene la aprobación de la Junta Municipal y una constante manifestación ciudadana con conatos de violencia que ya lleva 25 días.
Se integró una comisión por cada municipio. Los diputados investigadores de la gestión de la intendenta de Ciudad de Este, Sandra de Zacarías, son los colorados Basilio Núñez (cartista), Miguel Ángel Del Puerto, Ángel Paniagua y Juan Carlos Galaverna; los liberales Antonio Buzarquis, Andrés Rojas y Hugo Capurro; Sebastián Villarejo, de Patria Querida (PQ), y Tito Ibarrola, de Hagamos.
LAS MÁSCARAS. Tras el dictamen de estas comisiones se conocerá la postura de los diputados que con su voto decidirán la intervención.
De todos los municipios, el escenario de disputa entre el cartismo y el abdismo es Ciudad del Este, manejado por el clan Zacarías desde hace más de dos décadas. El líder, Javier Zacarías, está hoy bajo investigación fiscal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los datos hablan de obscena fortuna, cuyos orígenes tienen demasiados claroscuros. Todo parece indicar que le hará compañía al ex senador Óscar González Daher, preso por los mismos pecados.
Hasta el momento, su poder ha evitado el control. En el 2016, la Junta Municipal había solicitado la intervención, pero entonces él estaba en la cima del poder con Horacio Cartes. Los diputados, por supuesto, rechazaron por amplia mayoría.
Además, trabó la lupa de la Contraloría no solo en el Municipio, sino también en la Gobernación, donde estuvo su hermano Justo hasta agosto del 2018. Con su poder omnímodo construyó un muro infranqueable que resistió todo intento de control de cuentas.
La Cámara tiene en sus manos la decisión. El presidente Mario Abdo Benítez ya dio su veredicto en un indisimulado mensaje a sus diputados que sigue dudando. “El que nada debe, nada teme”, señaló acotando que una intervención no significa culpabilidad.
¿Por qué Ciudad del Este y otros municipios buscan trabar la intervención?
Es muy simple. Los papeles del contador rentado no pueden disimular la gigantesca malversación.
Los diputados, dirigidos por un sospechoso Cuevas, pueden seguir dando largas al asunto. Pueden patear la pelota y llevar la indefinición hasta el 21 de diciembre y especular con el receso parlamentario y el olvido de una ciudadanía cada vez menos paciente con los escándalos de corrupción.
Es cierto, los diputados no tienen plazos para expedirse, pero serían muy necios si no ven esa olla a presión, cuyo punto de ebullición ya dio muestras de violenta indignación en Ciudad del Este y Concepción.
¿Se arriesgará el corporativismo a llevar al límite insostenible la situación?
