Y los estudios de la CEPAL, que analizan por estratos sociales los problemas de la educación, salud, servicio básico, empleo y vivienda, demuestran una línea descendente en la involución, comparativamente por habitantes y regiones en el país. Lo cierto es que la administración pública y la responsabilidad de la sociedad no se han ocupado de la calidad y de la equidad, aún cuando los ingresos nacionales se incrementaron significativamente.
Podría pensarse que esta grave situación hizo que el presidente Cartes centrara su campaña electoral en la reducción de la pobreza. Pero ¿con qué política social lo hará? ¿Tiene una hoja de ruta para acortar la brecha entre la concentración de la riqueza y la expansión de los sectores desposeídos?
En el continente, Brasil es el único país que en menos de una década sacó a 40 millones de personas de la indigencia. Lo hizo con una política focalmente dirigida a la inversión social con el programa de “hambre cero”. Vale decir, empleó parte del presupuesto nacional y concitó la colaboración del sector empresarial para invertir en vivienda, educación, en salud, en infraestructura y en la inclusión de hombres y mujeres en la actividad productiva sin depender de la oferta laboral, la que creció en un nivel más bajo por la introducción de la tecnología y por la volatilidad del capital.
Entonces, si es que vamos a reducir la pobreza, debemos tener políticas de inversión social directa en los ámbitos causales de la pauperización. Por ejemplo, el presupuesto de la educación se ha congelado en un 4%, cuando mínimamente debe ser del 7% del PIB. Y en la educación superior está por debajo de Bolivia, a tal punto que la nueva ley exigirá a este Gobierno una ampliación total del 9% del PGN.
Luego, en el sector de la vivienda, debemos invertir rápida y cuantiosamente, no para hacer hormiguero humano, sino conjuntos habitacionales autosuficientes, con todos los servicios, escuelas y talleres; incluso con conexas extensiones de tierras productivas. En educación, con construcciones nuevas y múltiples, donde se aprendan técnicas y profesiones; obras públicas y fábricas para ampliar el empleo y las facilidades de comercialización.
Muchos son los programas de directa inversión, pero ellos difieren de una inercia del crecimiento que por derrame reducirá la pobreza. Y si se apuesta a este modelo, sin modificar radicalmente la estructura presupuestaria, la inversión social seguirá siendo residual. Y lo más probable es que el país no cambie nada.
Para que ello no suceda, la alianza público-privada tiene que convertirse en un proyecto destinado a la superación de las inmensas desigualdades sociales mediante el logro de que en el país la clase media sea mayoritaria, y que mejore la calidad de vida de los trabajadores y exista igualdad de oportunidades en educación.
El actual Gobierno tiene la intención de avanzar hacia este modelo. La composición del presupuesto para el 2014 todavía no nos dice nada. Y habrá que esperar a conocer lo que piensan el equipo económico y el equipo social para saber hacia dónde va el nuevo rumbo. Sin el direccionamiento de los recursos hacia la inversión social, ¿habrá condiciones para cambios más profundos?
