En julio del 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el senador liberal Dionisio Amarilla por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Tras reiteradas solicitudes de urgimiento, debido a que la Fiscalía no iniciaba ninguna investigación, finalmente, en setiembre del mismo año se abrió una carpeta fiscal.
Sin embargo, hasta la fecha no se designó a un fiscal que se encargue del caso, por lo que la investigación quedó en la nada y todo indica que la denuncia sería desestimada, al igual que sucedió con otros políticos.
Desde el Ministerio Público se excusan en que la Contraloría General de la República no remite la correspondencia de bienes de Amarilla y por ello no pueden continuar el proceso. Sin embargo, tiene la posibilidad de realizar un allanamiento para retirar los documentos y no hace uso de dicha atribución que le puede ser concedida por un juez, como ya lo hicieron en otros procesos.
La esposa del senador, Analy Valiente, es la directora de Declaraciones Juradas. Por ende, es ella quien debe remitir las declaraciones de bienes de su marido, trámite que la CGR no cumple hasta la fecha. En la misma dirección, el legis-lador tiene otros aliados, como es el caso de Silvia Escobar, quien cuenta con una jefatura; Modesto Sosa, con una dirección de área, y Guillermo Vera, como jefe de departamento, también en Declaraciones Juradas. Estos son operadores políticos de Amarilla, al igual que Leydi Cardozo, jefa de departamento.
El senador Amarilla además logró ubicar a familiares y operadores políticos en puestos estratégicos, desde donde puede manejar información sobre todos los funcionarios públicos, incluyendo a sus colegas, como así también el control a la gestión de instituciones públicas.
El legislador fue denunciado por corrupción pública durante su gestión como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Supuestamente, amasó una gran fortuna y sus bienes no coinciden con sus ingresos y los de su esposa, ya que estos solo sumarían un monto superior a los G. 9.000 millones. También se lo vincula con una empresa constructora, BGF SA, que en los últimos cinco años firmó contratos por G. 122.000 millones con el entonces gobernador de Ñeembucú, Carlos Silva.
Busca presidir el Partido Liberal
El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debe renovar a sus autoridades partidarias en el 2021.
Sin embargo, los diferentes sectores ya van barajando los posibles candidatos a presidir la organización partidaria. Una de esas figuras es el polémico senador Dionisio Amarilla, quien pretende llegar a la titularidad de los azules de la mano de Blas Llano.
De acuerdo con fuentes del llanismo, Amarilla ya manifestó que cuenta con los recursos económicos para encarar nuevamente una campaña a nivel nacional, tal como ya lo hizo como candidato a la Cámara de Senadores y en donde solamente en las internas partidarias gastó más de USD 330.296 en propaganda electoral.
Ya con miras a dichas elecciones, el legislador sigue utilizando a la Contraloría General de la República como un PC y ubica a sus operadores políticos en dicha institución contralora, principalmente, a los del Departamento Central.Igualmente, con la pretensión de lograr la presidencia del PLRA, sería uno de los responsables junto a Arnaldo Samaniego (ANR) de maquillar aumentos salariales a más de 2.000 funcionarios públicos.
