En su escrito, el magistrado James Boasberg consideró que la demanda del Gobierno contra Facebook no tenía un caso lo suficientemente sólido como para acusar a la empresa de la red social de estar abusando de su fuerza en el mercado, en contra de lo establecido por la ley.
La parte querellante dispone ahora de 30 días para modificar la demanda y volver a presentarla ante el juez si así lo estima pertinente.
En diciembre pasado, tanto el Ejecutivo que entonces dirigía Donald Trump, a través de la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), como una coalición formada por 46 estados tanto demócratas como republicanos, acusaron formalmente a Facebook de violar las leyes antimonopolio.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppUnos meses más tarde, en marzo, la compañía que dirige Mark Zuckerberg pidió al juez de la Corte de Washington que desestimase las demandas, al asegurar que estas ignoraban “completamente la realidad de la industria tecnológica dinámica y altamente competitiva en la que Facebook opera”.
En el centro de las acusaciones se halla la adquisición por parte de la compañía de sus hasta entonces rivales Instagram y WhatsApp, en 2012 y 2014 respectivamente, y las querellas pedían que se obligase a Facebook a desprenderse de ellas, pese a que en su momento ambas operaciones recibieron el visto bueno de los reguladores.
En sus escritos de marzo, la firma de Menlo Park (California) recriminó precisamente a los demandantes que quisieran obligar a deshacer dos adquisiciones que habían sido anteriormente aprobadas, algo de lo que, según Facebook, no existe precedente.
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En el caso concreto de la querella presentada por la coalición de estados, el juez Boasberg justificó su decisión precisamente porque los hechos que se denunciaban (las adquisiciones de Instagram y WhatsApp) ocurrieron hace nueve y siete años respectivamente, pero los estados no lo habían denunciado hasta ahora.
Al margen de Facebook, otro gigante de internet, Google, también se encuentra litigando en los juzgados de EEUU tres demandas distintas por presuntas prácticas monopolísticas (una presentada por el Gobierno y las otras dos, por distintas coaliciones de estados).
