El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertaba semanas atrás que Paraguay enfrenta el “problema” del agotamiento de la capacidad de expansión de la producción agropecuaria tal y como la conocemos: ya no hay superficie geográfica para incrementar los cultivos y los precios internacionales no volverán a sonreírnos. Esto significa que se deben desarrollar otros sectores y la misma producción primaria necesita industrializarse, a fin de garantizar un nivel de dinamismo que nos permita seguir creciendo al menos durante quince años más.
El país necesita atraer y promover inversiones, buscar nuevos mercados de exportación y ganar aliados tanto locales como internacionales. El sueño del grado de inversión largamente acariciado depende del resultado del examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ya que no retornar a la lista gris es vital para subir ese último escalón que nos separará del grupo de mercados especulativos.
Sin embargo, la semana en que se inició oficialmente esta evaluación internacional estuvo cargada de escándalos que embarraron a poderosos nombres de la escena política y empresarial local: los casos del clan González Daher, el orden de captura dictada en Brasil contra el ex presidente Horacio Cartes y la más reciente caída de la ex diputada Cynthia Tarrago en EEUU.
Ningún país del mundo puede jactarse de que su sistema económico no es utilizado para ocultar el origen del dinero proveniente de actividades como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas y otros delitos. En esto coinciden los expertos; por ello es que los gobiernos deben demostrar que luchan contra este flagelo, que persiguen a sus cabecillas y que sancionan a los culpables.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa aprobación del paquete de leyes antilavado en el Congreso Nacional fue aplaudida especialmente por el Poder Ejecutivo, pero de la existencia de las normas a su efectiva implementación evidentemente queda un extenso puente por recorrer.
De poco servirá que a los ciudadanos de a pie se nos exija estrictamente la presentación de numerosos documentos cuando intentamos cambiar unos cuantos dólares o recibir algún dinerito del exterior, mientras a los peces gordos se les siga persiguiendo únicamente desde EEUU y Brasil. La Justicia paraguaya muestra constantemente que en sus narices se cometen delitos de lavado de dinero. Entonces, ¿qué tipo de imagen estamos transmitiendo a quienes deberían impulsar el crecimiento económico?
Los inversionistas serios difícilmente apostarán por un mercado, donde no esté garantizada la seguridad jurídica, donde los políticos que deberían generar marcos regulatorios que combatan la corrupción sean los que abiertamente integran los grupos criminales. Paraguay necesita limpiarse de verdad, deshacerse de la mancha del lavado de dinero para inspirar confianza: un desafío con escasas perspectivas de ser afrontado con eficiencia, pero alrededor del cual los ciudadanos debemos exigir castigos ejemplares y verdaderos mecanismos de prevención.