¡Che ministra! ¡Che ministra..! ¡Qué careta se te ve... no cobrás a los sojeros.... y a la UNA la vendés...! Este es el estribillo que impregna en los últimos días las protestas universitarias en las inmediaciones del Ministerio de Hacienda y del Parlamento. El recorte de casi G. 60.000 millones a la Universidad Nacional de Asunción, pensados para inversión, equipamiento, crecimiento vegetativo y reajustes salariales, hostilizó al límite de declararse paro general en todas las facultades del país, hasta hoy, con una serie de repercusiones académicas y administrativas.
El asunto, así como se presenta, lógicamente pareciera una cuestión de necesidad de racionalizar recursos. Sin embargo, más allá de las anécdotas que puedan envolver estos debates acerca de la ignorancia de la ministra Lea Giménez sobre lo que ocurre en las universidades paraguayas (cosa que ciertamente desconoce con un nivel supino), el asunto es mucho más profundo, estructural y peligroso. Es una receta que el Banco Mundial está imponiendo a los países del tercer mundo, Argentina y Brasil ya están en esas. La orden es poner punto final y “extinguir la gratuidad” de las universidades públicas. Si bien en todas las facultades de la UNA hay algún tipo de arancel –y la cosa hendy, como dicen cientos de estudiantes sin recursos y del interior que viven y estudian a duras penas–, si se implementara la orden del cartismo y su ministra estrella, sucesora de su candidato Santiago Peña, el camino a la privatización de la universidad pública estará más aceitado que antes.
Aquella idea de que la universidad es solo para una élite, que colisiona con el principio constitucional de equidad del para todos, es la línea dura que baja desde los organismos financieros supranacionales. En esto, muchas de las sucesivas autoridades universitarias también tuvieron/tienen responsabilidad, ya sea por cómplices, chambones o deliberadamente privatistas, corruptas y excluyentes.
La lucha por evitar que sigan desplumando a la UNA de su presupuesto, que a contrario sensu debería incrementarse anualmente, se transforma en una pelea por el modelo, por la posibilidad de una universidad pública de calidad y porque los pobres económicos puedan seguir estudiando en ella, examen de ingreso de por medio, hasta que se logre el acceso irrestricto para todos.
Actualmente en la UNA aún no puede crecer la ciencia como debe ser. La baja inversión, y los recortes como estos, solo la condenan a seguir repitiendo el pensamiento y la tecnología de otros centros, nada propio.
El argumento de la ministra es que el arancel sea progresivo. En realidad, lo que debería ocurrir es ir eliminándose los aranceles de las facultades. Dice, que paguen los que tengan más recursos, entonces por qué su jefe y el Parlamento se rehúsan a generar impuesto a la exportación de soja, como hacen otros países. Con esos ingresos se resolverán miles de asimetrías y problemas sociales.
La educación en general –y la pública en particular– está en peligro. Eso, la sociedad debe advertir y reaccionar, ahora. Luego será tarde para lamentarse.