Lejanos, los tiempos de Stroessner. Pero, aún hoy, subsisten tantos admiradores del general que esta reminiscencia tiene sentido. Casi todos los cartistas desearían poder resucitar al tirano. Fueron justamente ellos, tanto colorados como satélites, quienes le dieron media sanción a una ley que apunta a las organizaciones no gubernamentales. Tal como la 209, esta tiene un enunciado de lo más inocente: “Establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.
¿Quién podría oponerse a un propósito tan bienintencionado? Pues, lo llamativo es que hay mucha gente que está en contra o ha manifestado su temor al uso que se le dará a dicha ley. Empezando por algunos que habitualmente no se dejan llevar por arrebatos poco meditados, como los obispos. La Conferencia de Religiosos del Paraguay, en consonancia con el cardenal Adalberto Martínez, pidió su postergación. También hubo objeciones desde gremios de la industria y el empresariado. La Procuraduría General del Estado recomendó modificaciones importantes al proyecto. Los senadores no escucharon a nadie.
Más de ochenta organizaciones sostuvieron que la ley era impracticable y de dudosa constitucionalidad. Tan elástica como aquella ley de 1970, esta iniciativa podría alcanzar a “organismos internacionales reconocidos por la República” y a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos públicos o privados destinados a “ámbitos” de las entidades públicas o que “de alguna manera tengan relación” con ellos. Se prevén multas altísimas y hasta el cierre de las organizaciones de la sociedad civil a partir de términos amplios y poco concretos.
Existen miles de ONG y siempre fueron controladas por varios organismos estatales. Pero la verdadera motivación de este proyecto no es aumentar la burocracia, con miras a una mayor transparencia. No les interesa la administración de los Bomberos Voluntarios o los Boys Scouts. Mucho menos la de las organizaciones que volvieron ricos a políticos amigos, como la Opaci o las que trabajaban para el gobernador de Central, Hugo Javier. La intención es hostigar a un reducido grupo de organizaciones que incomodan al cartismo. Entre otras, podemos imaginar a Semillas para la Democracia, Juntos por la Educación, Alma Cívica y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), por citar ejemplos.
El cartismo, que controla el aparato estatal, y coopta incluso a los partidos opositores avanza sobre la sociedad civil. Con el membrete de “transparencia” atacarán a organizaciones que propician el acceso a la información pública, la participación y la defensa de los derechos humanos.
Nada novedoso, en realidad. Es una tendencia global. Los gobiernos autoritarios tanto de derecha como de izquierda en el mundo intentan, a través de leyes concebidas para silenciar a las ONG, anular el contrapeso ciudadano. Así ocurre en Nicaragua, en Rusia, en Perú y en Hungría. Les molesta que muchas de estas organizaciones gocen de reputaciones sólidas entre los públicos internacionales y difundan informaciones que los gobiernos preferirían mantener en secreto. De manual, los cartistas. No son todavía una dictadura, pero si los dejamos, lo serán.
