Por Susana Oviedo
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En el Perú, país del que proviene el profesor Gustavo Romero Umlauff, aún quedan rasgos de la cultura del secretismo, pese a que el derecho de acceso a la información, al igual que en el Paraguay, ya contaba con rango constitucional desde los 90. No obstante, dejó de ser la regla y se convirtió en la excepción en los últimos años, con la puesta en vigencia de una Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. De la adopción y puesta en vigor de esta norma conversó la semana pasada con los funcionarios del Congreso Nacional, en una conferencia-taller, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados. Aprovechando su estadía en Asunción, conversamos con él.
–¿Desde qué año el Perú tiene garantizado el acceso a la información pública?
–Desde el año 2002. Se dictó una Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Padecíamos en exceso la cultura del secretismo.
–¿Fue una iniciativa ciudadana o del gobierno?
–Fue motivada especialmente por las organizaciones de la sociedad civil. A pesar de que el derecho tenía un reconocimiento constitucional desde 1993, pero necesitaba ser reglamentado.
–¿Cuál fue la posición de los medios de comunicación al respecto?
–Hubo muchísimo apoyo. En general, los grandes medios comenzaron a trabajar esto desde el año 96. Yo era entonces secretario ejecutivo del Consejo de la Prensa, y soy testigo de que comenzamos a trabajar esto, no solo por balance de los excesos del poder político, sino también como una responsabilidad frente a la comunidad de proporcionar una información con calidad.
Fue un proceso que duró años, pero se promulgó una ley bastante buena.
–¿Cuáles han sido algunas dificultades con las que tropezaron en la aplicación de la ley?
–Tropezamos con el gran problema inicial que estoy seguro han tenido o tienen los países que adoptaron una ley similar, y es que los funcionarios públicos creen que administran un bien que les pertenece, y no saben que la información producida en el Estado y en empresas en las que el Estado tenga participación, se trata de un bien público. Los funcionarios son solo ave de paso, y los propietarios de la información pública somos el público, los ciudadanos.
–¿Cómo hacer que las instituciones públicas lo vean de ese modo?
–Bueno, implica cambiarle el chip al funcionario y, sobre todo, a sus jefes. Lograr esto demanda muchos años y hay que corregir muchas cosas.
–¿Cómo cuáles?
–Hay que afirmar algunas cosas, entre ellas, pulir las normas. Yo estoy seguro que la ley irá demandando alguna modificación, porque las normas son perfectibles.
Hay que ir mejorando la actitud del funcionario, hacer mucha campaña, sobre todo hacia el público, para ayudar al empoderamiento de este derecho. Pero también tiene que haber un cambio de actitud del ciudadano, quien es el input (entrada) para poder conseguir la información.
–Al abrirse las fuentes de información pública, los medios de comunicación tienen el desafío de cómo procesar y traducir en materiales de calidad los millares de datos publicados. ¿Qué dice al respecto?
–Creo que internamente en los medios de comunicación también debe producirse un cambio. Un periodista no puede conocer todo, entonces los medios tienen que contar con gente de otras disciplinas que pueda procesar determinado tipo de información para poderla traducir al público. La transparencia y el acceso a la información pública han provocado cambios también en la prensa.
–¿Quién vela en su país por el cumplimiento de este derecho?
–En el caso de Perú no existe una entidad específica. No obstante, sí se le ha hecho exámenes desde la Defensoría del Pueblo a la aplicación de la ley. En mi país, es una institución autónoma que goza de credibilidad. Sus recomendaciones no son vinculantes, pero son poderosas.
–¿Hubo campañas para promocionar la ley?
–Sí, han habido varias campañas y bastante participación, sobre todo con organismos del exterior. Campañas que se han estado utilizando desde el sector público mismo, que ha sido el promotor.
–¿Si una institución se niega a proveer la información, a qué instancia recurre el ciudadano?
–El ciudadano puede reclamar ante la institución pública a la que requiere la información, que tiene un plazo para apelar. En el supuesto caso que no se realice esto, tiene dos instancias judiciales: la vía del hábeas data y la vía de lo contencioso administrativo.
El derecho a la información es fundamental, pero no es un derecho absoluto.
En el caso peruano, lo que está faltando es una institución que se dedique exclusivamente a la supervisión del cumplimiento de la ley.
–¿Los periodistas han echado mano a esta ley?
–Sí, sí, porque es la única manera de poder acceder a documentos. Es más, se están revelando casos de corrupción. Los ciudadanos también lo hacen, entre ellos, los que no han sido ganadores de licitaciones, concesiones, etc.
–¿El impacto político de esta ley?
–Al transparentarse la información pública, quienes administran el Estado, como consecuencia, se ven obligados a hacer mejor su trabajo. Es muy positivo el impacto.
Es como decir: pongo la cuenta a disposición y revisión de ustedes, ciudadanos, para demostrar que no he robado.
El mejor negocio para un gobierno es la transparencia. Ayuda a corregir rumbos, a mejorar la gestión.
