Los tres parlamentarios coincidieron en señalar que la iniciativa que pretende reglamentar la pérdida de investidura es un aciago mensaje para la ciudadanía y pretende solamente la impunidad.
Por un lado, el liberal Jorge Ávalos Mariño señaló que quedó sorprendido con la decisión de sus colegas, porque en las dos comisiones donde fue remitido el proyecto se dictaminó el rechazo por unanimidad. Alertó que el proyecto de ley amplía los términos de la Constitución Nacional porque establece que el uso indebido de influencias debe ser ilegal, cuando la Carta Magna habla solamente de uso indebido de influencias “fehacientemente comprobado”. “Condicionar a que sea ilegal hace que esté sujeto a una decisión del Poder Judicial, porque solamente la justicia puede determinar la ilegalidad de un hecho, de un acto”, explicó.
Otro aspecto que critica es el referente a la cantidad de firmas requeridas para poder presentar un pedido de pérdida de investidura, que es un tercio de cada Cámara. En el caso de Diputados son 27 firmantes los necesarios para iniciar el proceso. “Esto es obstaculizar al máximo la posibilidad de la pérdida de investidura”, aseveró.
Como si fuera poco todo este blindaje, relató que se le agregó el requisito de los dos tercios para la destitución, algo que ya fue discutido e incluso objeto de veto del Ejecutivo, veto que la Cámara tuvo que aceptar después.
Por su parte, Villarejo expresó que “la ciudadanía ha recibido un nefasto mensaje” que potencia la crisis de representación que hoy existe y que se traduce en una crisis de la democracia. “Esta ley de autoblindaje solo busca impunidad para quienes en su condición de legisladores esquivan la justicia y abusan del poder”, afirmó.
Imposible. El diputado patriaqueridista añadió que lo único que logran los diputados con la ley es que personas que deshonran el cargo para el cual fueron electas ni siquiera puedan ser sometidas a procesos de pérdida de investidura por las fuertes trabas impuestas.
Villarejo dijo que la aprobación de la iniciativa, al momento que varios congresistas se encuentran cuestionados y con procesos judiciales, demuestra los verdaderos intereses de la propuesta. Además, subrayó que se establecen mayorías sin sentido e inconstitucionales. “Con solo 15 firmas se puede convocar una sesión extraordinaria para un juicio político, pero se necesitan 27 para iniciar la pérdida de investidura”, reclamó.
Por último, el diputado Carlos Rejala lamentó que ahora es casi imposible siquiera presentar un pedido de pérdida de investidura y menos hablar de la destitución de un legislador.
Opinó que un factor importante para que sus colegas aprobaran el autoblindaje está relacionado con los últimos hechos que involucran a diputados procesados como el colorado Ulises Quintana (declarado significativamente corrupto por EEUU y con prohibición de entrada al país norteamericano), situación que movió el avispero en la Cámara Baja. “Ante cualquier intento de tan siquiera un análisis de la pérdida de investidura se aglomeran para ponerle un cerrojo a la idea”, aseveró el diputado.
(El proyecto) amplía los términos de la Constitución Nacional, porque establece la ilegalidad.
Jorge Ávalos Mariño,
diputado liberal.
Este tipo de mensajes potencia la crisis de la representación, que se traduce en una crisis de la democracia.
Sebastián Villarejo, diputado del PPQ.
Ahora es casi imposible siquiera presentar un pedido, ya ni hablemos de la destitución de un legislador.
Carlos Rejala, diputado de Hagamos.