El proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones va camino a ser aprobado con modificaciones en el Senado.
El planteamiento, que pretende impulsar una regulación y control sobre las operaciones de las previsionales públicas y privadas, cuenta con el apoyo de las bancadas oficialista, cartista y patriaqueridista.
Tras una reunión realizada ayer, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado dictaminó en mayoría por la aprobación del proyecto con algunas modificaciones. Solamente dos legisladores miembros votaron por dictaminar por el rechazo.
El titular del comité asesor, Dionisio Amarilla (PLRA), explicó que las modificaciones principales tienen que ver con tres ejes del proyecto aprobado en Diputados: se limita las atribuciones del superintendente, se elimina la inversión en letras de regulación monetaria y se da participación a los aportantes y jubilados en el comité de inversiones.
En ese sentido, el dictamen señala que el superintendente podrá disponer la intervención de una caja solamente si existe una aprobación previa del consejo (llamado antes consejo asesor), compuesto por representantes de Hacienda, Trabajo y Banco Central; y agrega que la enajenación de inmuebles del IPS deberá hacerse mediante una ley especial (ver infografía).
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez (FG) explicó que pidieron también la elaboración de un dictamen en rechazo ante la falta de garantías del buen uso de los fondos jubilatorios y adelantó que su bancada votará en contra de la ley de pensiones.
No obstante, agregó que en caso de obtener los votos para el rechazo, presentarán una nueva propuesta consensuada con los aportantes en un plazo máximo de 90 días.
Estos dos dictámenes se presentarán en la sesión de este jueves por un vocero de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero no son vinculantes en la votación.
Críticas. Las centrales sindicales son las principales opositoras a la aprobación de la ley de pensiones. Los gremios de trabajadores cuestionan que el planteamiento elaborado por el Gobierno y que ya cuenta con media sanción de Diputados excluye a los aportantes del consejo, lo que no garantiza que las decisiones se tomen con base en el interés general de los afectados.
Asimismo, critican los “superpoderes” que se otorgan al superintendente para intervenir una entidad previsional, pudiendo rechazar informes de calificadoras de riesgo y establecer los límites de inversión de los fondos en contra de las sugerencias del comité asesor.
Con base en estos argumentos, temen que los fondos jubilatorios sean manoseados por el Gobierno de turno, sin una garantía de devolución.
El proyecto de ley que crea la superintendencia fue presentado por el Ministerio de Hacienda en abril del año pasado y tuvo media sanción de Diputados en mayo de este año.
