El informe “Latinobarómetro 2024: La democracia resiliente” señalaba que apenas un poco más del 20% de los paraguayos tienen algo de confianza en el Parlamento y en el Poder Judicial, lo que sin duda refleja una de las debilidades de la democracia. La denominada “mafia de los pagarés”, un esquema judicial de estafas, evidencia una de las razones de esa falta de credibilidad, precisamente porque a las víctimas les resulta muy difícil obtener justicia. La Justicia en Paraguay tiene una gran deuda pendiente.
Ante la catarata de información, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia había dispuesto la intervención y auditoría a juzgados de Paz de la capital, involucrados en el esquema de doble cobro de deudas ya canceladas.
Para las víctimas, estas medidas adoptadas por la Corte les parecen muy “tibias”, pues consideran que la red de complicidad abarca a todos los Juzgados de Paz de Asunción, Central y Bajo Chaco, afirman que más oficinas están implicadas en el esquema extorsivo. Recordemos que se viralizaron en las redes sociales los casos de ujieres, actuarios y funcionarios judiciales mostrando el estilo de vida ostentoso, con viajes de lujo, vehículos cero kilómetros y que contradecían sus posibilidades de acuerdo con sus ingresos.
Según el abogado Guillermo Ferreiro, la mafia de los pagarés es una estructura grande, que opera con total impunidad desde hace bastante tiempo.
“Existen casos de denuncias penales, hay gente que presentó notas ante la Corte, ya hubo publicaciones periodísticas, y puedo decir que existe una gran complicidad”, afirmando además que esto no se trata solo de un simple esquema de avivados, sino que responde a una estructura, lo que se conoce comúnmente como el “esquema del maletín para la corona”. “El esquema funciona de la siguiente manera: Se nombran jueces de Paz que tienen una cuota de dinero semanal que tienen que enviar para arriba, puede ser un ministro de Corte, un senador; el que generó su nombramiento”. (ÚH, diciembre 09, 2024).
Después de la auditoría de la Corte se pudieron encontrar expedientes que no fueron a estadísticas, falta de fiscalización de tasas, notificaciones que se realizan el mismo día y a la misma hora, en distintas localidades, resaltan así las notificaciones de los ujieres. Por eso, existen actas diligenciadas en la misma fecha, mismo horario, ciudades distintas; por ejemplo, uno de los ujieres, el 2 de mayo de 2024 realizó dos notificaciones, una en Ciudad del Este y otra en Minga Guazú, Santa Elena y Capiatá, todas a las 15:00; y otro hizo notificaciones el 12 de marzo de 2023, en San Lorenzo, Asunción, Ciudad del Este y Choré, todas a las 15:30, y hay un caso en que el funcionario hizo un tour: el 10 de enero de 2024, a las 10:30, estuvo en Capiatá; a las 10:40, en Pedro Juan Caballero; a las 12:15, notificó en Presidente Franco; a las 12:20 en Ypané; a las 12:25, en Villeta; y a las 12:30 en Emboscada.
Las empresas privadas ligadas a la corruptela pública utilizan como fachada del rubro de venta de electrodomésticos, pero de hecho son prestamistas o usureros; ofrecen dinero en las instituciones públicas y hacen firmar pagarés sin fecha. Según el testimonio de una de las víctimas, su supuesta deuda la promovió la firma Vanesa y Asociados SA en el Juzgado de Nueva Italia, en el 2021, pese a que el préstamo lo hizo en 2013, en Fernando de la Mora, y lo canceló en el 2015. Después de denunciar a la jueza de Paz, esta renunció, porque tenía en su poder 700 denuncias con pagarés. Pero el pasado febrero nuevamente intentaron embargar su salario con el mismo pagaré, por una resolución de un juez que se encuentra procesado.
Todas las personas que son víctimas de la estafa de los pagarés deben recibir justicia. Porque debe quedar claro que el acceso a la Justicia es un derecho humano, y es uno de los pilares fundamentales del propio Estado de derecho.
