Si el río suena, es porque piedras trae. Cuando tanta gente se queja, tiene que ser por algo. No se puede decir que sean políticas las quejas contra el Decreto 7702/17 del Gobierno, popularmente llamado decreto antibosques, que se refuerza con un proyecto del Servicio Nacional de Catastro. El 7702 permite que cualquier propietario rural pueda destruir todo el bosque que tiene en su propiedad, con un permiso de la Seam. El primer beneficiado del decreto ha sido el primer magistrado, quien tumbó dos millones de árboles en su propiedad; en una de sus propiedades. Como si fuera poco, el Servicio Nacional del Catastro quiere aumentar el impuesto inmobiliario, que en sí mismo no estaría mal, siempre que el aumento fuera razonable.
Una cosa es aumentarle el impuesto a un especulador, que compra un terreno esperando que el precio aumente para venderlo cuando le resulte más conveniente en términos económicos. Otra cosa es aumentarle el impuesto a un propietario que conserva un bosque nativo con una visión de futuro, sin ganar absolutamente nada con la conservación. Cualquier sistema impositivo racional distingue entre el especulador y el no especulador. Cualquier sistema impositivo racional incentiva las actividades que benefician al país en general y penaliza las que no le convienen. Aquí se ha hecho lo contrario: el 7702 es el remate, la fresa de la torta.
Hace ya mucho tiempo, una persona que conozco pidió un crédito al Banco Nacional de Fomento. El funcionario del BNF le dijo: para que se le pueda dar un crédito, usted tiene que tener más pasturas. Para tener más pasturas, esa persona tenía que tumbar, por tumbar, varias hectáreas de bosque virgen. En muchos casos, el drama del propietario, no solo del gran propietario, ha sido el siguiente: si él no deforesta, le deforestan los ladrones de madera. Parar a esos ladrones, por otra parte, puede exigir poner una guardia armada, que tampoco es una garantía, porque los delincuentes están muy bien organizados y armados. Uno de los delincuentes, un diputado, fue filmado cuando atropellaba a una fiscala que trataba de parar la depredación, y siguió siendo diputado. ¿Para qué están los fueros parlamentarios?
Así que la historia es vieja, pero tampoco hay que exagerar: tampoco se deben empeorar las cosas dando luz verde a la deforestación, por un lado, y penalizando con mayores impuestos a quienes tienen cierta conciencia ecologista. Hasta la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que no es precisamente líder en ecología, lamenta las últimas decisiones del Gobierno. En esto concuerda la UGP con las organizaciones ecologistas locales, con monseñor Lucio Alfert, obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, y con las entidades internacionales que deploran la deforestación salvaje del Chaco paraguayo. Decididamente, si el río suena, es porque piedras trae.
