La propuesta plantea que niños de 16 años vayan al cuartel. Dicho ingreso podrá darse con el consentimiento de los padres o tutores legales del menor.
En su argumentación los senadores proponentes, todos del Partido Colorado, hablan del aumento considerable de antivalores, que afectan a los jóvenes.
Esta razón realmente resulta muy vaga. ¿A qué exactamente se refieren estos parlamentarios al hablar de antivalores que afectan a los jóvenes?
Tal vez, me parece, podría hablarse del antivalor que aparece cuando el mismo vicepresidente y varios senadores y diputados ubican a sus hijos o cualquier miembro de su familia en cargos en los que el trabajo que hacen no es claro, pero sí los sueldazos que reciben.
Eso sería un antivalor para todos los jóvenes, quienes cada día están peregrinando repartiendo currículum y cuyos impuestos también sirven para sostener a los nepoparásitos.
Mencionan que la autoridad de la familia y las instituciones están siendo atacadas por un mal concepto de libertad e igualdad.
Esta es una de las partes más enigmáticas de la metralla de disparates del planteamiento. ¿Qué extraño ente está atacando a la familia y las instituciones?
¿Se referirán acaso a la libertad que tienen algunos en meter las manos en la lata en varias instituciones dejando sin caminos, escuelas, dejándolas al borde un barranco de miseria?
“Otro elemento de análisis estadístico, indica un crecimiento de los índices de inseguridad y un estancamiento en la reducción de la pobreza, que impactan fuertemente sobre los jóvenes”.
Caramba, caramba. Esta parte del porqué de la modificación viene de legisladores que forman parte del símbolo político que hace más de 7 décadas tiene las riendas del poder de punta a punta. Ergo, la reducción de la pobreza, el crecimiento de los índices de inseguridad y otros padeceres de la tierra guaraní son exclusiva responsabilidad de ellos.
Además, el Estado no tiene el porqué asumir el rol de los padres. Cuando se le intenta delegar esa función, termina siendo un rotundo fracaso. Como muestra de ello, está el edicto Riera cuando este era intendente.
Hasta bien entrada la transición democrática, era común que muchos padres, sin ley de por medio, enviaran a sus hijos al cuartel. Sobre todo en el interior del país.
Algunos lo hacían por “disciplinarlos” o para “convertirlos en hombres”. Pero muchos casos lo hacían por tener una boca menos que alimentar, en el caso de las familias con muchos hijos y sin recursos. De esta manera, en los distintos cuarteles habían soldaditos de 13, 14, 15, 16 o 17 años, cuando la edad legal para enrolarse era de 18 años. Desde 1989 hasta el 2012, los datos del Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) detallan que hubo 147 muertos y dos desaparecidos entre los conscriptos.
De ese total, una gran mayoría no cumplía con la edad legal para el SMO. Paraguay tiene dos condenas en la Corte IDH en los casos de Gerardo Vargas Areco y Vicente Ariel Noguera.
Aún con todo este panorama, las Fuerzas Armadas son unas de las pocas instituciones que padecen del recorte presupuestario como ocurre con otras áreas sensibles cada año.
El planteamiento de los parlamentarios, defendido por asnos nostálgicos, viene a contramano para un país que está despreciando el bono demográfico con el que cuenta. No sería raro que el proyecto de ley tenga viabilidad con este Parlamento y el Ejecutivo.
Con sus acciones han demostrado que en este tiempo en el país, el raciocinio y el sentido común están en situación de retiro.
